La Secretaría Nacional de Gestión de la Política, una de las entidades  más cercana a la Presidencia de la República, se encarga de formular las políticas para la gobernabilidad del país y el relacionamiento entre las funciones Legislativa, Ejecutiva, Judicial, De Transparencia y Control Social y Electoral. Entre sus funciones también están la coordinación con Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), diálogo con actores sociales y representantes del Ejecutivo, a fin de conocer las necesidades de la población y lograr equidad social. Su labor es incesante, pues mantiene en todo el país, escuelas permanentes de formación ciudadana que funcionan todo el año. Gerardo Chacón, coordinador zonal 3 de la entidad, explica con más detalle el trabajo que la institución realiza y su incidencia en el desarrollo social.

Pese a la importancia de la secretaría, muchas personas dicen no conocerla. ¿Será que está invisibilizada?

No. Lo que pasa es que la gente identifica a las entidades estatales con los productos o servicios que brindan. Sin embargo esta institución genera políticas, herramientas necesarias para lograr un excelente liderazgo en todos los niveles de gobierno, que si bien son intangibles permiten gestionar una administración de bienes que sí son palpables y conseguir el ideal del Buen Vivir.

¿Qué herramienta usa la institución para lograr este fin?

El diálogo. Lograr la adhesión de la ciudadanía a la acción política del gobierno no sería posible sin una comunicación directa, veraz, oportuna e incluyente; con actores sociales y autoridades parroquiales, cantones y provinciales. En este proyecto juegan un papel fundamental las escuelas de formación que la secretaría mantiene en el país durante todo el año.

¿Qué entidades o personas pueden formarse allí?

Todos los sectores. Ya sea instituciones, parroquias, gremios o asociaciones de jóvenes, adultos o ancianos; pueden solicitar la apertura de un curso. Las coordinaciones consideran el número de solicitantes, los escenarios para los talleres; y designa los instructores. En estos espacios no solo se tratan temas políticos sino que además, y de acuerdo a los requerimientos de cada área, escuchamos y recibimos peticiones populares y las hacemos llegar a las entidades encargadas de atender esos pedidos.

¿Cómo y dónde se debe solicitar un curso de formación ciudadana?

La solicitud se la debe enviar a la coordinación provincial o zonal más cercana. En el caso de Tungurahua, el documento debe dirigirse a mí y dejarla en la coordinación zonal 3, a cargo de las provincias de Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo y Pastaza, ubicada en el tercer piso del edificio de la Gobernación.

¿Qué cupo y duración tiene la instrucción?

En realidad no hay límite de asistencia en las escuelas de formación ciudadana. Si bien el número ideal de personas es 40, en caso de haber un número mayor de inscritos se puede dividir el taller en dos grupos y tratar varios temas simultáneamente, y luego rotar los mismos. Igual ocurre con los módulos a tratar, que en principio son 4 y se los trata en 4 sábados, pero de haber el requerimiento de otras temáticas; como productivas, laborales o legales, hacemos los contactos necesarios para que personal del ramo atienda estos requerimientos; y ampliamos la duración de los cursos.

¿Las diferentes tendencias políticas de los GAD, son un inconveniente para el trabajo de la Secretaría?

De ninguna manera. Si bien los municipios o gobiernos provinciales de la región tienen inclinaciones ideológicas diferentes a la del Gobierno central, todos perseguimos el bienestar de la población y esa exactamente es la finalidad de la política: lograr el Buen Vivir para el mayor número de personas. Por ello además la Secretaría transfiere las iniciativas de los GAD para mejorar las condiciones de vida de la población, a las entidades sectoriales y al Ejecutivo, sin importar las tiendas políticas de las autoridades locales.

Ud. menciona 2 veces el Buen Vivir. ¿Cómo se relaciona esta Secretaría con el Plan Nacional que impulsa este ideal nacional?

Estrechamente. De hecho nuestro primer principio institucional toma en cuenta la ética del Buen Vivir, considerada como la satisfacción de las necesidades básicas de la población, a través de procesos de generación de riqueza que resulten sostenibles y equitativos. (I)