A mediados de 2007 se estableció que la empresa Dierikon S. A. era la última propietaria de la hacienda Zulay, ubicada en Pastaza, por lo que debía asumir el pago de un crédito que, en ese entonces, sumaba alrededor de 1,5 millones de dólares.

Esto porque Filanbanco, uno de los anteriores propietarios, no había cumplido con la cancelación del préstamo estatal.

En tales circunstancias, el fideicomiso AGD No Más Impunidad, establecido para recuperar dinero público y de los depositantes comprometido durante la crisis bancaria, inició la expropiación del terreno un año más tarde. Pero el litigio aún no ha sido resuelto.

Entre tanto, en el predio de más de 1.200 hectáreas, estarían asentadas más de 5.000 personas, quienes integrarían 12 organizaciones de diversa índole. Todos aducen ser de escasos recursos y afirman ser los dueños de sus lotes.

Quienes ocupan las tierras han construido covachas de madera con techos de zinc y han parcelado los lotes para el cultivo de yuca, maíz y otros productos que les sirven para su alimentación diaria. También, mediante mingas, han abierto senderos para acceder al interior de la hacienda. Mientras, tres depositarios judiciales fueron posesionados a partir de 2008, con el encargo de que custodiaran los predios, la maquinaria y el equipo de que disponía la fábrica de té. El último de ellos, Jorge Villena, dijo en 2012, que gran parte de la maquinaria había sido sustraída, pero no cuantificó el perjuicio económico. Adujo que todo se debía a la gran extensión del terreno y a la carencia de seguridad.

Un dirigente indígena, quien no quiso identificarse y que dijo representar a la Corporación de Arte y Cultura Amazónica Callary Causay, cuyos más de 400 integrantes viven en el lugar, planteó la urgencia de unir a las agrupaciones en una sola organización provincial. Esta entidad tendrá la responsabilidad de unificar el trabajo para la elaboración de una propuesta destinada a crear planes de trabajo y a pedir al Gobierno que les dé la oportunidad de quedarse en el predio.

Así mismo, José Zambrano, uno de los invasores, dijo que había laborado en Zulay por más de 15 años y que no recibió liquidación alguna tras su cierre, por lo que reclamó sus derechos mediante la ocupación de un terreno en la hacienda.

A pesar de estas posturas, la gobernadora de Pastaza, Denise Coka, y el jefe político del cantón del mismo nombre, Jorge Paredes, mantuvieron, días atrás, una reunión con una representación de los ocupantes. En la cita les dieron a conocer que no se permitirán asentamientos ilegales y les sugirieron que de forma voluntaria abandonen el sitio. Además, les anunciaron que solo aguardan una resolución de las instancias judiciales para proceder al desalojo inmediato.

Según Paredes, la intención es hacer cumplir la disposición del Presidente de la República de “ce ro tolerancia a las invasiones de tierras ”. Y por ello han pedido a los ocupantes ilegales que presenten en la Fiscalía la denuncia respectiva, dando a conocer los nombres de quienes serían los traficantes de tierras que les habrían estafado vendiéndoles los lotes.