El tema de los 13 millones de dólares que fueron transferidos de forma fraudulenta de las arcas del Municipio de Riobamba, sigue dando tela que cortar dentro del Cabildo, sobre todo en lo que respecta al tema de  obras comprometidas y pagos pendientes.

Uno de ellos se refiere a la deuda que mantiene el Municipio chimboracense con alrededor de 48  personas que se apegaron al retiro en años anteriores. 

Según la versión del Alcalde  Salazar, “dentro de este dinero (transferencias ilegales) está el pago de los jubilados 2008-2011, el cual asciende a 2986.439 dólares”.

Sin embargo, Mario Robalino, Vicealdalde del cantón, dijo que ese dinero no estaba dentro de las cuentas transferidas ilegalmente.

“El dinero  para pagar existe, lo que pasa es que estamos en una demanda, y ello impide que se les pueda entregar los recursos a los ex trabajadores que entablaron la querella; pero los fondos están”, dijo Robalino.

Incluso Gonzalo Fray, procurador sindico del Municipio riobambeño,  indicó que  la municipalidad presupuestó ya  para este año el pago de los trabajadores.

“El problema de la falta de pago a los jubilados obedece a que los  ex trabajadores y ex empleados del Municipio presentaron demandas  en el juzgado oral de trabajo en la ciudad de Riobamba (...) La municipalidad  presupuestó  en el 2013  pagarles a los trabajadores, pero nosotros podemos hacer solo lo que está en la ley, no más allá de la ley”.

Para José Págalo, uno de los ex empleados, las versiones dadas por el Alcalde carecen de fundamento y son a su juicio una nueva excusa para no cancelar los haberes que les corresponde a los 48 ex trabajadores y ex empleados municipales.

Pero, según el procurador síndico municipal, los ex trabajadores demandaron ante un juez de lo laboral que se les cancele siete remuneraciones  básicas por año de servicio.  Sin embargo, anotó que de los juicios presentados hasta el momento, cuatro sentencias han salido a favor de la municipalidad, y en ellas se establece que  se pagará mensualmente la pensión jubilar a los demandantes  según el artículo   216 del Código de Trabajo; es decir, jubilación patronal, que el Municipio tiene regulado mediante una  ordenanza  y cuyo valor  es de 40 dólares.

Esa sentencia  puede ser apelada a instancias superiores si  no convence a las partes, y mientras se cumplan esos procesos el pago no podrá ser tramitado, dijo Fray.

El funcionario indicó, además, que con aquellas personas que no han presentado ningún juicio, al momento se está tratando en el centro de mediación de la Procuraduría General del Estado para poder llegar a un acuerdo sobre los pagos.

Otra de las obras que Salazar dijo  estarían comprometidas por el desvío es la construcción del Palacio de cristal (Loma de Quito), con un monto 975 mil dólares. 

Sin embargo, Marco Portalanza, concejal del cantón, indicó que dicha obra tampoco es parte de esos montos, ya que todavía falta  la aprobación del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) para su construcción.

En tanto, el ambiente sigue tenso en la ciudad, donde ayer el Concejo Municipal se citó a las 18:00 para tratar el tema del desvío de los fondos   y solicitar la licencia sin sueldo por dos meses del Alcalde Salazar y demás funcionarios que tenían acceso a las claves, mientras se realizan las investigaciones en este caso. 

Pero dos horas antes fueron convocados simpatizantes del Alcalde para una marcha de respaldo y una posterior concentración en las afueras del edificio municipal, en respaldo a la autoridad.