Alrededor de 200 personas se apostaron a las afueras de la Unidad Penal de Riobamba y denunciaron haber sido estafadas por una supuesta empresa que prestaba servicios a petroleras en la Amazonía Ecuatoriana. Los manifestantes dijeron que el número de afectados llega a 5.000.

Visiblemente consternados, los afectados contaban sus historias y la manera en cómo invirtieron grandes cantidades de dinero. Explicaron que el modo de operar era mediante enganchadores que cobraban desde $1000 para formar parte de la "empresa".

De esta manera se convirtió en una pirámide de inversionistas, muchos de ellos lograron recuperar su inversión, pero otros no corrieron con la misma suerte.

Uno de ellos- que prefirió el anonimato- indicó que observó por varios meses a sus amigos invertir y cobrar con gran facilidad. "Yo puse $90 mil que tenía ahorrado junto con mi familia y hasta ahora no cobré ni un centavo, estoy destrozado", comentó.

Según la Fiscalía, las denuncias sobre este particular han sido receptadas en varias ciudades del país entre las que están El Coca, Ambato, Latacunga, Loja, Santo Domingo, Tulcán y Riobamba.

William Aguaguiña, abogado de los afectados y quien formó parte de la defensa de los 1400 perjudicados en la estafa de Unión Constructora, señaló que este caso triplica la cantidad de personas que habrían perdido todo su capital.

"Yo pensé que Unión Constructora era terrible, pero esta situación sobrepasa en gran manera, son más de 30 mil personas. Ahora nos toca establecer las denuncias", señaló.

El profesional mencionó que los principales implicados serían una pareja de esposos, un taxista y una profesora, que habrían acumulado en el lapso de dos años una fortuna de $38 millones.

Cabe resaltar que este caso inició en noviembre del 2014 cuando la policía ingresó en un domicilio y encontró grandes cantidades de dinero en costales, los cuales no pudieron ser justificados por la propietaria del inmueble y la cual se encuentra detenida para investigaciones.

Dos meses más tarde se reciben las denuncias de aquellas personas que invirtieron y no sabían de donde procedía el dinero que les pagaban. "Nosotros solo entregábamos el dinero, carros e incluso maquinaria y recibíamos mínimo $1500 mensuales según la inversión, no sabíamos de donde sacaban para pagarnos”, dijo Claudia (nombre protegido) quien llegó desde el Puyo.