Cerca de 50  carpetas de  familias que buscan obtener una vivienda propia en la parroquia San José del Tambo, ubicada en el cantón Chillanes (Bolívar), se hallan en proceso de revisión  por parte del personal del Ministerio de Desarrollo Humano y Vivienda (Miduvi).

Uno de los requisitos del proceso es que los interesados  consten en el Registro Social, el cual permite medir el grado de necesidades que tiene una persona y, a la vez, filtrar a quienes no se encuentran en condición de pobreza. Otros requerimientos son tener un hijo menor de 18 años y poseer un terreno con escritura de compra-venta; el estado civil no interesa.

Hace cuatro años se tomó información de las personas que necesitan  vivienda en este sector de Bolívar y actualmente se trabaja en la   depuración del grupo. 

“Uno de los problemas que hay en la parroquia es que muchas personas no tienen escrituras de los terrenos o de las viviendas y esto puede volverse  un conflicto entre los habitantes, además de la necesidad real de tener una casa propia”, indicó  David Romero, encargado de Proyectos Sociales del Miduvi.

La parroquia tiene 4.000 habitantes y solo el 30% cuenta con casa propia. El 25%  habita en viviendas sin servicios básicos.

Para José Albán, uno de los moradores del sector, es necesario que se difundan más los proyectos y programas de vivienda. “Los ciudadanos que vivimos lejos, no conocemos los requisitos que se necesitan para acceder a estos beneficios. En una ocasión ya nos organizamos para poder ser parte de los beneficiarios, pero el asunto no se concretó; es por eso que necesitamos asesoramiento y apoyo”, refirió Albán.

Lo beneficiarios deben depositar  500  dólares en la cuenta  Proyecto de Vivienda Miduvi-San José del Tambo, abierta en la Cooperativa Guaranda. “Esta es una contraparte que las personas deben depositar; ese monto quedará congelado hasta que culmine el proyecto”, dijo Augusto Silva, director del Miduvi en Bolívar. A la vez, hizo un llamado a la ciudadanía “para denunciar a personas inescrupulosas que se hacen pasar por coordinadores de la institución y quienes estarían cobrando  cinco dólares  por recibir las carpetas y dar información. “A esas personas hay que denunciarlas, ya que los trámites en las instituciones públicas son gratuitos”, afirmó.