La primera sesión de Concejo de Riobamba luego de que estallara el escándalo del desvío de 13 millones de dólares de las cuentas municipales, efectuada en la noche del lunes, se cumplió en medio de gritos y consignas a favor del Alcalde, lanzadas en buena parte por los trabajadores a contrato que actualmente laboran para el Cabildo.

El primer punto abordado fue la sugerencia de destitución de la Directora Financiera Fanny Lazo por negligencia. Esto porque, según el concejal Jorge Recalde, “no es posible que la señora financiera nos diga que su clave estaba caducada desde  2012, y que su obligación era revisar los estados cada mes, cuando debe estar enterada de los movimientos que se hacen a diario. Eso es una irresponsabilidad”.

Se votó nominalmente y la propuesta fue aceptada de forma unánime. Mientras que el Alcalde Salazar acogió dicha resolución.

Otro punto que entró en debate fue la propuesta de remoción de la principal autoridad de la ciudad, por lo que se pidió al burgomaestre que abandonara la sala, pero no sin antes escuchar el informe presentado por la Comisión. En este se repasaron los problemas de la actual administración  que antecedieron al desvío de los recursos municipales, tales como la apropiación de una calle pública en el barrio El Batán, los problemas del Plan maestro de agua potable, cuestionamientos en la construcción  de la  terminal terrestre y la terminal interparroquial.

José Luis Aldaz, concejal y miembro de la Comisión de fiscalización, indicó que la moción para el análisis de la remoción del Alcalde está basada en el Artículo 333, Numeral C y D, del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (Cootad). “Ese numeral indica que el mal manejo de fondos de un Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) es causal para la remoción del ejecutivo. Es por eso que estamos analizando esta situación, pues nos basamos en lo que dice la ley”, sostuvo.

El procedimiento para la remoción del ejecutivo de un Gobierno Autónomo Descentralizado se estipula en el artículo 336 del Cootad, por lo que el Concejo mencionó que respetará el proceso paso a paso, para tranquilidad de la ciudadanía y a fin de legitimarlo.

Mientras que ayer, el Alcalde Salazar no acudió a su despacho, el que permaneció cerrado durante toda la jornada.

La Fiscalía, entre tanto, informó que se han obtenido 22 autorizaciones para detenciones de involucrados en el caso del desvío.

Chillanes permanece con dos alcaldes desde el año 2012

El pedido de destitución del Alcalde de Riobamba es el segundo que se registra en el centro del país. El primero tuvo lugar en noviembre de 2012 en el Municipio de Chillanes, de la provincia Bolívar, cuando seis de los siete concejales destituyeron a Ramiro Trujillo como primer personero del cantón, acusándolo de no convocar a reuniones de Concejo. “El señor Trujillo funcionó sin la aprobación o desaprobación de ningún concejal, lo que contradice al artículo 60 literal C del Cootad”, afirmó la edil Carmen Egas.

Trujillo afronta  también otras denuncias. Una de ellas por presunto peculado y sobreprecio en la compra de quintales de cemento. Mentor Huilca, Vicealcalde, fue posesionado por el Concejo opositor.

El caso pasó a manos del Juez Primero de lo Civil de Bolívar, Eduardo Pazmiño, cuando Ramiro Trujillo presentó  una Acción de Protección en contra de los seis concejales con el fin de poder mantenerse en el cargo; sin embargo, el juez falló en contra de Trujillo, quien actualmente se encuentra apelando la sentencia  ante la Corte Provincial de Justicia de Bolívar.

Este caso provocó que el Comité Ejecutivo de la Unidad Técnica Regional  5 de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), pida a la Asamblea Nacional   una reforma legal al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) en el que se regule de forma clara y precisa el procedimiento de remoción de los ejecutivos de los gobiernos autónomos descentralizados y se impongan sanciones en contra de aquellos  dignatarios que de forma irresponsable promueven procesos de remoción sin el adecuado respaldo legal y de hecho.