El pasado 14 de junio, el Concejo Municipal de Pastaza resolvió, por unanimidad,  declarar de utilidad pública aproximadamente 16.006 metros cuadrados de terreno que se ubican en el sector de Miraflores, y cuyo propietario es el Vicariato Apostólico de Puyo.

Tras la declaratoria, el Cabildo tendría la posibilidad de adjudicarse la posesión del predio y  construiría  infraestructura deportiva y recreativa para los habitantes del sector en ese espacio.

Al conocer del hecho, el vicario general Francisco Montaluisa afirmó que el predio fue adquirido legalmente por la entidad religiosa y consideró inoportuna la actuación de las autoridades municipales. Esto porque -dijo-   al declarar la utilidad pública, se estarían expropiando terrenos que pertenecen a la población católica de la ciudad.

Así mismo, de manera enfática dijo que el predio no estaba abandonado y que junto a él existe y funciona la Casa de Espiritualidad Intipungo, a la cual acuden permanentemente los religiosos  a cumplir sus retiros y que en los terrenos aledaños se ejecuta  un proyecto de arborización.

“No creo que sea justo ni más importante crear espacios de cemento, canchas con hierro, con bulla, antes que buscar la paz y tranquilidad de la gente que acude a ese lugar (…). Iniciaremos acciones de defensa en términos legales y si el caso se torna extremo, exigiremos que se mejore la oferta económica que presenten las autoridades municipales”, indicó  Montaluisa a nombre del Vicariato.

El alcalde del cantón Pastaza, Germán Flores, defendió la decisión del Concejo, aduciendo que los más de 45 mil habitantes de la urbe amazónica carecen, al momento, de espacios para la construcción de parques y canchas deportivas.

“Deben tener claro que el Municipio tiene la facultad absoluta para decidir el uso adecuado del suelo. De ser el caso, buscaremos la negociación (con el Vicariato); pero si no es posible, nombraremos un perito para que determine la cuantía a pagar (…). La declaratoria de utilidad pública no tiene paso atrás”, dijo el Burgomaestre.

Elías Barrera, asesor jurídico de la municipalidad, sustentó la decisión tomada por el Cabildo, amparado en el Art. 447 del Código Orgánico de Organización Territorial y Descentralización (Cootad), en el que se establece que los municipios tienen facultad directa para expropiar terrenos y que serán destinados para obras de interés social.

Según el asesor, desde la fecha de la notificación a la Curia de Puyo, habrá 90 días para una posible negociación. Y de no existir un acuerdo, la Alcaldía podría iniciar los trámites establecidos en la ley para la expropiación.