En Cotopaxi, por lo menos   3.500 personas ofrecen transporte diario a bordo de camionetas en las comunidades rurales de los 7 cantones.

En estas zonas  es la única forma para movilizarse por los caminos de tierra o empedrados. Arturo Ugsha, asesor jurídico de los transportistas de Salcedo, dijo que las autoridades nacionales no se han pronunciado ante su pedido de legalizarse, para evitar las sanciones económicas de la Ley de Tránsito. Comentó que mantuvieron reuniones con el gobernador Fernando Suárez y funcionarios de la Comisión Nacional de Tránsito, pero no consiguieron ningún acuerdo.

  El gremio gestionó, hace varios meses, una cita  con Paola Carvajal,  directora regional de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), sin embargo ella ya no está en la entidad. Por eso deberán esperar hasta que se nombre a una nueva persona, mientras tanto  se preparan como una organización comunitaria amparada en derechos internacionales. Ugsha manifestó que en las poblaciones más alejadas no hay  otro medio de transporte y que si desaparece este servicio, no habrá modo de movilizar a las personas y los productos comunitarios.

Hasta hallar una salida, el clamor de los transportistas es que la Policía “no los persiga”. De ahí a que   recopilan los  datos de cada chofer a fin de  elaborar un carné provisional para quienes cumplan con  ciertos requisitos como tener una camioneta en buen estado, carpas para proteger a la gente,  asientos fijos,  matrícula, entre otros.