“El propósito del Municipio de Ambato al usar fotorradares en el perímetro urbano es evitar muertes por exceso de velocidad, mas no cobrar excesivas multas como se ha rumorado recientemente”.

El autor de esta frase es Eduard Gaibor, director de la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte y Movilidad (DTTM).

Esta forma parte de un completo pronunciamiento que el funcionario hizo días atrás, en el que responde de forma clara a los cuestionamientos que varios sectores de la capital tungurahuense hicieran al mecanismo municipal para el control de velocidad.

Uno de ellos, la Cámara de Comercio de Ambato, entidad que hace 4 semanas emitió un comunicado en el que se asegura que el turismo de la urbe sería afectado por este sistema de control.

Los aparatos fueron instalados en junio de 2014 por la compañía Safety Enforcement Seguridad Vial, en 8 puntos considerados críticos, por el alto nivel de accidentabilidad.

Estos son Ficoa-sector del Parque El Sueño, avenida Manuelita Sáenz cerca de la agencia sur del SRI, sector La Victoria-El Socavón, avenida Bolivariana frente a Uniandes, avenida Los Guaytambos junto a la Quinta de Montalvo, Totoras, Huachi El Belén y Panamericana Norte cerca de la Esforse.

Límites de velocidad

Según la Ley de Tránsito, en esos sectores los vehículos livianos no deberán rebasar los 50 kilómetros por hora (km/h), las unidades de transporte público 40 km/h y cerca de centros educativos y de salud la circulación vehicular está regulada en 30 km/h.

“Si bien los ambateños conocen los puntos donde hay radares, los visitantes de otras provincias no, por lo que el flujo de personas que acuden a la ciudad, por negocios o placer, podría disminuir significativamente”, dice una parte del documento.

De esta forma, la entidad ambateña considera que hace falta señalización que advierta al conductor la presencia de los radares y evite el pago de multas que van desde los $ 106 hasta $ 354.

Las sanciones económicas que los infractores deben pagar es otra de las críticas hechas por la Cámara de Comercio. Esta considera que son excesivas y que deben replantearse.

Mecanismo nacional

En cuanto a esto, Gaibor asegura que los fotorradares forman parte del sistema de control de velocidad en todo el país, sin hasta el momento haber afectado al turismo de ciudades importantes.

“En Guayaquil, Quito, Cuenca, Loja, Manta y otras urbes, no se ha reportado disminución del flujo de visitantes. Por el contrario creo que los turistas acuden con la confianza de tener mecanismos viales que eviten accidentes de tránsito y salven vidas”, manifestó.

Luis Amoroso, alcalde de Ambato, en varias ocasiones se ha hecho eco de esta última frase. El burgomaestre afirma que, sin duda, este mecanismo de control disminuye de forma significativa el índice de accidentabilidad en las vías.

“El fin de incorporar radares es prevenir atropellamientos, colisiones vehiculares, volcamientos y demás accidentes viales, que muchas veces ocurren por circular a altas velocidades y resultan mortales”, dijo Amoroso.

Jacobo Sanmiguel, concejal de Ambato, por su parte solicita a la municipalidad la reubicación de 3 de los 8 aparatos.

“No estoy en contra de la utilización de los fotorradares, pues los niveles de accidentabilidad sin duda han descendido. Pero sí considero que se debe cambiar la ubicación de 3 dispositivos pues están instalados fuera del área urbana”, dijo.

Referente a esto Eduard Gaibor explicó que tras varias reuniones con sectores sociales, el Municipio decidió tomar en cuenta esta recomendación y reubicar los aparatos.

“Los radares que hasta el anterior viernes funcionaban en Totoras, Esforse y Huachi Belén, dejarán de emitir multas y serán reubicados. La empresa encargada de su instalación está realizando los estudios necesarios para la designación de los nuevos puntos donde serán colocadas”, dijo.

El control de la velocidad es complementado con los operativos de alcoholemia y posesión de armas que los agentes civiles de tránsito realizan en el perímetro urbano, frecuentemente.

Referente a las multas, al alcalde de Ambato señaló que el monto de las sanciones económicas fue fijado por la Asamblea Nacional y que la Municipalidad está actuando conforme a estas disposiciones y, además de la Ley de Tránsito, a lo estipulado en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) y al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

“Valga la aclaración: los valores recaudados por concepto de sanción económica van directamente a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT)”, recalcó Amoroso.

Por su parte Lourdes Mayorga, directora de la ANT en Tungurahua, señaló que del monto total de recaudación, el 43% le corresponde a la empresa operadora de los radares, 52% para el Municipio y el 5% restante estará destinado a la organización de campañas de educación vial.

“La primera transferencia hacia el municipio de Ambato se realizó hace una semana y corresponde a un valor superior a $ 2 millones”, manifestó Mayorga.

Antecedentes

La instalación de los radares inició en junio de 2014. Tras un análisis de los sectores con mayor número de accidentes, la DTTM adjudicó a la empresa Safety Enforcement el contrato de instalación.

A partir de esta fecha transcurrieron 7 meses en período de pruebas. La etapa preventiva arrancó en enero de 2015 y en tan solo una semana arrojó resultados que alarmaron a autoridades y conductores.

Del 5 al 11 de dicho mes los radares emitieron 10 mil alertas por velocidad excesiva. Esta cifra contrasta con el número de multados hasta hoy, pues de enero a julio el número de sancionados no supera los 7 mil.

Este mecanismo forma parte de la asunción de competencias de tránsito que la municipalidad inició en 2012, y de la que también forman parte la incorporación de los agentes civiles de movilidad en las vías y la adjudicación del sistema de matriculación vehicular. (I)

Las sanciones van desde $106 a $354

Ediles piden a la Asamblea rebajar valor de multas

Dos concejales de Ambato piden, además de agilitar la reinstalación de los 3 radares en el área urbana, la revisión del monto establecido por multas de exceso de velocidad. Uno de ellos es Nelson Guamanquishpe, quien asegura que pedirá en la próxima sesión de Concejo Cantonal, enviar una solicitud a la Asamblea Nacional mostrando su descontento por las sanciones económicas establecidas por el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

“El pedido urgente de los ambateños es que se rebajen las multas, pues son exageradas. Respeto la decisión de cambiar de ubicación de los dispositivos, pero considero más urgente bogar la rebaja de las sanciones”, dijo.

Jacobo Sanmiguel, edil urbano, se hizo eco de este pedido e insistió en que la Agencia Nacional de Tránsito deberá devolver los montos cobrados en 3 puntos. “Se debe reembolsar las multas generadas en Totoras, Huachi Belén y El Pisque, sectores rurales en los que el Cabildo no debió colocar radares, pues su jurisdicción de control de velocidad es en el área urbana”, aseguró. (I)