“El Pueblo Soberano del Estado de Quito, se lee en la Constitución, legítimamente representado en uso de los derechos que Dios mismo ha conferido a los hombres. En consecuencia de haber reasumido los pueblos de la Dominación Española, por las disposiciones de la Providencia Divina y orden de los acontecimientos humanos, la soberanía que, originalmente, reside en ellos. Persuadidos de que el fin de toda asociación política es la conservación de los derechos del hombre, por una autoridad política (...) por un pacto solemne y recíproco convenio de todos los Diputados sanciona (...) la Constitución.

El Estado de Quito es y será independiente, en cuanto a su administración y economía interior, reservando a la disposición y acuerdo del Congreso General todo lo que tiene trascendencia al interés público de toda América, o a los Estados de ella que quieran confederarse. La unión con la Metrópoli queda determinada en la prescripción siguiente: En prueba de su antiguo amor y fidelidad constante hacia las personas de sus pasados Reyes, protesta este Estado que reconoce y reconocerá por Monarca al Señor Don Fernando VII, siempre que libre de la dominación francesa y seguro de cualquier influjo de amistad o parentesco con el Tirano de Europa pueda reinar, sin perjuicio de esta Constitución”.