Crece la incertidumbre entre los 36 docentes de educación hispana y bilingüe de Pastaza  que, según un informe provisional del examen especial realizado por la Contraloría, deben devolver dineros que habrían cobrado en exceso desde el 1° de enero de 2009 hasta la actualidad.

El pasado viernes, las partes escucharon la lectura del informe provisional durante tres horas, en el que se establece que,  dependiendo de los casos, los docentes deberán devolver al Estado sumas que van desde los 2.000 hasta los 5.000 dólares.

El informe  indica que los docentes  fueron recategorizados y recibieron incrementos salariales que no les corresponderían. Así, los maestros ubicados en la categoría F, pasaron a ganar 850 dólares;  en la categoría E,   935 dólares; y  en la categoría D,   1.030 dólares. Pero a todos ellos se les habrían asignado  bonificaciones para compensar su labor en zonas de difícil acceso.

Incluso  esos rubros fueron cancelados por  el Ministerio de Educación  con retroactivo desde la segunda quincena de noviembre de 2010 hasta marzo de 2011.

Luis Arias,   docente con cerca de 15 años de servicio y que labora en el kilómetro 35 de la vía a Arajuno, a tres horas de caminata,  pasó de la categoría novena  a la décima. Y sobre el tema dijo: “Es imposible devolver el dinero, ya lo hemos invertido en educar a nuestros hijos y ha servido para sobrevivir”.

Mientras que la maestra Silvia Moya mostró su inquietud  porque no se hicieron las correcciones a tiempo y se esperaron tres años para emitir un informe. Ella afirmó en que la responsabilidad directa es de los funcionarios del Ministerio de Finanzas y de los de Educación.

Frente a esta realidad, Mesías Paredes, ex director de Educación en Pastaza, dio a conocer que durante su administración, la categorización de los docentes se enmarcó en la Ley de Educación y  en sus transitorias quinta y décimo cuarta.

En la transitoria quinta se señala que: “...los docentes públicos percibirán la bonificación para zonas de difícil acceso, atendiendo lo que establece el artículo 113 de la Ley de Servicio Público”.

“La devolución de los dineros no es procedente porque no existe un perjuicio al Estado. Todo fue una categorización y no homologación salarial. Además, deberían también realizar una auditoría para ubicar a los docentes que no están en la categoría que les corresponde y no ganan  el sueldo que les asiste”, indicó Paredes.

Por su parte, el actual director del Distrito de Educación Nro. 1 de Pastaza, Santa Clara y Mera, José López, anunció que todos los docentes obligados a devolver recursos contarán con facilidades durante la presente semana, para que acudan a las instancias que crean convenientes y presenten los justificativos necesarios. Mientras ello acontece, se debe esperar el informe final que presentará la Contraloría General del Estado, ya que el que se leyó el viernes 28 de junio corresponde a un borrador.
López dijo desconocer los montos que deberá devolver cada docente; sin embargo, la Contraloría  dispuso provisionalmente que el plazo para la reposición de los dineros vence el próximo 8 de julio.

Mientras, los maestros insisten ya que el ascenso de categoría corresponde a los títulos que ostentan, al tiempo de servicio que llevan en el Magisterio y que la compensación adicional no había sido solicitada por ninguno de ellos. Y finalmente, que las rectificaciones no les correspondía hacerlas a ellos.