La Intendencia General junto con la Policía Nacional procedieron al desalojo y destrucción de cinco viviendas  construidas en un terreno que no era de su propiedad.

Las casas pertenecían a un grupo de personas que  argumentó haber sido engañado por Cirio Gómez, el  supuesto dueño de los lotes, quien se los  vendió a precios cómodos, pero sin entregarles  escrituras.

Por tal razón, el pasado miércoles, antes de las 06:00, el dueño verdadero, Luis Paredes, la intendenta de Policía, Chela Chacón, el jefe de la Policía Judicial,  Hernán Cabezas, y un numeroso contingente de uniformados se hicieron presentes en el sitio para el operativo de desalojo, el mismo que duró aproximadamente 10 horas.

Para evitar conflictos, se notificó de la  medida a los moradores del sector, quienes procedieron a retirar lo que pudieron  de las  casas  construidas con  madera y zinc.  

La Intendenta portaba la orden judicial de desalojo, mientras que el  propietario exhibía las escrituras y la disposición judicial para el retiro de quienes se habían asentado en sus tierras.

Los terrenos están ubicados en la cooperativa Los Gremios Pindo Grande, en la ciudad de Puyo, cabecera cantonal de Pastaza, y su extensión total es de 22 mil 730 metros cuadrados.

El dueño de las tierras sostuvo que el predio fue  encargado a Cirio Gómez para que lo custodiara ante cualquier intento de invasión. “En vez de cuidarlo, procedió a vender mi terreno. Y cuando le reclamé, tuve serios problemas. Intenté negociar entregándole el 20 por ciento del valor, pero fue inútil. Ahora debe responder ante la justicia (…) y las familias afectadas tendrán que arreglar los problemas económicos con quien les vendió los terrenos, es decir con Gómez”, afirmó.

Para recuperar las tierras, Paredes entabló un litigio legal contra Gómez, el que duró  más de 13 años y fue resuelto el 27 de marzo mediante sentencia emitida por un Juez de lo Civil de Pastaza. “Este predio queda desde hoy en absoluto dominio de quien es el propietario. Lo que ocurra más adelante será de su entera responsabilidad”, manifestó la intendenta Chacón.

Los  afectados reconocieron que entregaron dinero a Gómez por sus lotes, aunque no precisaron  las cifras exactas que pagaron. A cambio, el supuesto traficante les otorgó promesas de compra venta. 

Los perjudicados dijeron que ahora buscarán  la forma de negociar con el verdadero propietario a fin de no truncar sus sueños de contar con un terreno para sus familiares.

Rebeca Vargas exigió que se haga justicia y confirmó que aspira a negociar con el  dueño. No obstante,  se mostró preocupada porque algunas de sus pertenencias quedaron en la calle.

En tanto, las autoridades recomendaron a los ciudadanos  que antes de adquirir un predio  verifiquen su propiedad  en el Municipio respectivo, para así evitar caer en manos inescrupulosas. En el año 2010, las autoridades locales con el apoyo de personal de la Policía  desalojaron a más de 300 familias que se habían asentado en terrenos del barrio La Merced. Los cabecillas de la invasión fueron detenidos.