El alcalde de Riobamba, Juan Salazar López, y el  tesorero del Cabildo, Mario Campos, fueron llevados la madrugada de ayer al Centro de Rehabilitación Social (CRS) de la ciudad,  tras la audiencia de formulación de cargos realizada  en su contra en la Corte Provincial de Justicia y que concluyó cerca de las 00:00 del sábado.          

Al final de la diligencia, el presidente de la Corte, Luis Costales, acogió el pedido del fiscal Carlos Cabrera y dictó prisión preventiva por 90 días  contra  los acusados para las respectivas investigaciones.       

El burgomaestre fue detenido la tarde del viernes en la ciudad de Pelileo (Tungurahua), y Campos alrededor de las 19:00 de ese mismo día en la  capital chimboracense.

Ambos enfrentan cargos por supuesto peculado en relación con el caso de las transferencias ilegales de unos 13,3 millones de dólares del presupuesto municipal riobambeño hacia cuentas particulares.

El Ministerio Público solicitó la detención de Salazar y Campos en base de las conclusiones de un informe de la Contraloría, que estableció  responsabilidades penales por el desvío de fondos.

El documento también inculpa por la misma causa  a  Fanny Victoria Lazo Ramírez (ex jefa financiera del Cabildo) y Nelly Oviedo Manzano (asesora de la Alcaldía).

Esta última forma parte, junto con Olga Heredia (funcionaria de la Tesorería) y Germania Basantes (secretaria del Alcalde), del grupo de personas que tenían acceso a las claves y coordenadas para el manejo de las cuentas municipales, sin estar autorizadas para ello por el Banco Central del Ecuador (BCE).

Esto porque el convenio de entrega-recepción de los datos de manejo de los fondos presupuestarios firmado por el alcalde Salazar con el BCE, establece permisos únicamente para él, el  tesorero municipal y la jefa financiera destituida por unanimidad por el Concejo Cantonal el pasado lunes, acusada de negligencia en su labor.

Dicho documento, firmado por la autoridad riobambeña, señala textualmente: “Seré responsable de las consecuencias administrativas, civiles y demás establecidas en la ley, por la pérdida, olvido, destrucción o sustracción del identificador de usuario, clave de acceso y/o tarjetas de coordenadas que se me han asignado, así como por las que se deriven del uso indebido del identificador, clave de acceso y tarjeta de coordenadas”. 

La funcionaria destituida (Fanny Lazo) afirmó ante la propia Fiscalía y ante los ediles que su clave se encontraba deshabilitada desde el año pasado.

Versiones contrapuestas

El caso de las transferencias ilegales de recursos se conoció el pasado 12 de abril, durante una rueda de prensa del alcalde Juan Salazar.

En ella, el dignatario estableció lo que sería el eje de su defensa en el caso: que las cuentas municipales en el Banco Central fueron hackeadas por supuestos fallos de seguridad en el sistema informático de la entidad estatal.

Y para sostener aquello,  el principal del Concejo riobambeño ha afirmado que las transferencias ilegales fueron realizadas  fuera de las horas laborales del Municipio.

Sin embargo, el gerente del BCE, Mateo Villalba, dio a conocer a la prensa el 16 de abril pasado que los registros de la entidad muestran que los fondos fueron transferidos el 4, 5, 8 y 10 de abril (todos días laborables) en operaciones realizadas entre las 07:58 y las 15:37.        

La autoridad del ex instituto emisor desmintió, además, que el traspaso de fondos hubiera sido realizado sin autorización y que por tanto las cuentas hayan sido hackeadas. Según Villalba, las transacciones fueron ejecutadas mediante el uso de las claves y coordenadas oficialmente en poder de Salazar y Campos.   

El principal del BCE  se mostró sorprendido porque habiéndose detectado el ilícito desde el 4 de abril, según lo dicho por Salazar durante su denuncia a los medios, solo se  informó de ello ocho días después.