Una comisión de autoridades encabezada por la gobernadora Denise Coka y el Jefe Político de Pastaza  visitaron la  ex hacienda Zulay,  ocupada ilegalmente desde hace aproximadamente siete años por más de 2.000 personas, para insistirles que  abandonen el sitio voluntariamente, mientras se dilucida el litigio judicial entre los ex propietarios del lugar y el Estado ecuatoriano.

A mediados de 2007,  la empresa Dierikon S.A. fue la última propietaria del predio, ubicado en Pastaza, por lo que esta debía asumir el pago de un crédito que, en ese entonces, sumaba alrededor de 1,5 millones de dólares.

Esto porque Filanbanco, uno de los anteriores propietarios, no había cumplido con la cancelación del préstamo estatal. En tales circunstancias, el fideicomiso AGD No Más Impunidad, establecido para recuperar dinero público, logró la expropiación del terreno un año más tarde.

Sin embargo y mientras se llevaban a cabo estas acciones legales, a la ex hacienda productora de té empezaron a llegar personas de toda índole para ocupar las más de  1.200 hectáreas que conforman el predio.

Durante la reciente visita de las autoridades al sitio, fueron escuchados por miembros y dirigentes de las asociaciones Nuevo Puyo y  Runa Llakta. A ellos se sumaron otras personas que  pertenecen, en su mayoría, a las nacionalidades Kichwa y Shwar.

La Gobernadora indicó durante la reunión que, desde el Ejecutivo no se permitirán las invasiones y que se ha determinado la política cero tolerancia a este fenómeno. Y advirtió que no se debe entregar dinero a ninguna persona que les ofrezca la propiedad de las  tierras. “El predio está en litigio y hasta que no termine el problema, no se puede comprar, vender ni tampoco habitar”, reiteró la funcionaria.

El teniente político Jorge Paredes  fue enfático al afirmar: “Dar dinero por un terreno de la ex hacienda Zulay es lo mismo que arar en el mar, ya que las tierras invadidas por ningún motivo recibirán el aval del Gobierno para su legalización”.

Targelia Velín explicó que se mantiene en el sitio porque había trabajado durante varios años produciendo té en la anotada hacienda y que jamás había recibido ninguna liquidación. Y que ese fue el motivo por el que  decidió ocupar parte del predio, donde actualmente cultiva productos de los que vive y mantiene a su familia.

Mientras que Jesús Pirucha,  dirigente de la  asociación Runa Llakta,  manifestó que los indígenas tienen la idea de realizar proyectos turísticos en el espacio,  con el fin de que todos tengan la oportunidad de conocer la forma de vida y la cultura de los pueblos de la Amazonía ecuatoriana.

Pero las  autoridades  de la provincia manifestaron que una vez finalizado el litigio, la mencionada hacienda pasará a manos de la Subsecretaría de Tierras y el Ministerio de Agricultura y que, posteriormente, el Estado realizará un estudio socio-económico de  las familias  asentadas en esas tierras. Y que, solo entonces, se determinará el destino que se le dará a cada  predio.

“Solo las autoridades de justicia están facultadas para resolver el conflicto jurídico que mantienen los antiguos propietarios y el Banco Central del Ecuador, que es la entidad propietaria  del terreno actualmente”, explicó Paredes.

En tanto, la Gobernador dijo que se llevará  adelante un proceso de concienciación y socialización a todos los ocupantes de la hacienda, ya que es propiedad privada y que quienes la han invadido deberán abandonarla por su  voluntad. Y que de no hacerlo, se prevé un desalojo luego de que culmine el litigio judicial que existe sobre el predio.