La Secretaría Nacional de Hidrocarburos inició a finales de agosto la consulta previa e informada en las comunidades asentadas en el área Jimpikit.
Esta zona agrupa a poblaciones Kichwa y Shuar de las parroquias Simón Bolívar, Montalvo y Sarayaku. El objetivo es informar a los habitantes  de la futura extensión del bloque 10 que es operado por la petrolera AGIP-OIL.

Rubén Gualinga, representante de la Secretaría, indicó que se ha cumplido con  el proceso mediante la implementación de diferentes mecanismos de participación ciudadana, como asambleas de socialización, instalación de oficinas de información permanentes y audiencias públicas. Asimismo se llevaron a cabo charlas puerta a puerta, con la participación de miembros de los organismos del Estado y de las comunidades.

Explicó que para el efecto se han implementado oficinas itinerantes en las comunidades de San León, Pumbulumi, Shiram Pupunas, Shakap (Asoc. Unt Pastas), Chuwitayu (Ficsh Pastaza) Villaflora (Asociación Kichwa Copataza).

Dichos espacios de  diálogo han permitido a los habitantes de las comunidades conocer -de manera previa- los procesos hidrocarburíferos que eventualmente podrían ocurrir en sus territorios.
También se están cumpliendo agendas comunitarias en Namag, Yampis, 24 de Mayo, San Rafael y Shakai.

El proceso de consulta previa se extenderá en estos sectores hasta el sábado  con agendas de las comunidades Charup, San Miguel y Don Bosco.

Está previsto que el programa concluya los primeros días de octubre.
Por su parte la gobernadora de Pastaza, Denise Coka, destacó la presencia del Estado en el proceso de consulta previa, dando fiel cumplimiento a lo que demanda la Constitución y en total acuerdo con las comunidades.

La representante del Ejecutivo sostuvo que hay dirigentes indígenas que desconocen los propósitos y resultados del proceso.

“El Estado dialoga de buena fe y consulta a la comunidad, los directivos de las organizaciones también deben preguntar a sus bases y exigir a la Secretaría que les informe. Al no hacerlo le niegan el derecho a sus comunidades a estar informadas”, acotó.