La entrada al cantón Saquisilí, en el límite con Latacunga, luce diferente. La imponente construcción del Centro de Rehabilitación Social para la Sierra Centro Norte (CRS), en los terrenos de la Brigada Patria, cambió el ambiente solitario y tranquilo.

Ahora,  en ese lugar  se instalaron 17 puestos de ventas diversas, a 50 metros de la entrada principal.
Dentro del recinto hay 351 personas privadas de la libertad (PPL). Además, hay aproximadamente 800 obreros que trabajan para concluir esta megaobra, y por los menos 20 personas que vieron en esto una oportunidad para obtener ingresos. Los dramas individuales se entrelazan. “Paradójicamente, vivimos en constante zozobra, pese a la seguridad. No estamos acostumbrados a trabajar cerca de personas que cometieron un delito”, comentó con acento costeño un profesional de la albañilería que prefirió mantener su nombre en reserva.  

A la comerciante  Sonia Quilaguisa, en cambio, no le preocupa en lo más mínimo los PPL ni sus amigos y familiares que los sábados y domingos acuden a visitarlos.
De hecho, estos últimos son potenciales consumidores de las papas fritas con salchicha y pollo que oferta en su pequeño negocio.

Si hay algo que le asusta verdaderamente, son los 5 comerciantes de comida que instalaron sus puestos junto al de ella. Según ella,  “son del barrio San Roque (Quito) y no estoy de acuerdo con el hecho de que  mercaderes que no sean de Cotopaxi nos arrebaten una oportunidad de empleo”.  La mujer no está sola en su posición, la acompañan 14 personas de lugares como Saquisilí, la parroquia Guaytacama y el barrio Patután, poblaciones cercanas al CRS.

Ellos formaron una preasociación de comerciantes que esperan el cambio de administración en la Alcaldía de Latacunga, para tramitar los permisos  y laborar a las afueras de la cárcel con tranquilidad.
“Vamos a esperar hasta mayo para legalizar nuestra situación. No permitiremos que vengan de San Roque trayendo sus malas costumbres”, dijo Blanca Caiza, mercader de aguas, gaseosas y caramelos.

Ella contó que  un joven con discapacidad fue, supuestamente, agredido por los  quiteños el domingo 9 de marzo, al intentar colocar un puesto. “Un señor que se instaló frente al carretero quería también el lugar del joven. Lo insultó y como no se quitaba lo agredió. La Policía intervino, no sabemos en qué parará esto. Somos personas  trabajadoras, no tienen porqué agredirnos”, denunció Caiza. Ellos visitaron a José Garcés, director de Planificación del  Municipio de Latacunga, para tramitar el permiso de suelo.

El funcionario les aconsejó que formen la asociación y esperen las disposiciones del alcalde electo Patricio Sánchez, quien mencionó que el comercio y el beneficio del CRS debe ser para los cotopaxenses. Este Diario trató de hablar con los vendedores de Quito, pero no aceptaron.