La difusión de un video que capta la destrucción de un fotorradar actualizó la polémica en Ambato. El equipo es parte de un plan de control de velocidad que aplica la Municipalidad desde el año pasado para evitar accidentes. Las multas que se imponen pueden llegar hasta los $ 366 o un salario básico unificado por cada contravención.

En un comunicado, el Cabildo rechazó el acto y lo calificó de vandalismo. Ocurrió, según el informe oficial, a las 03:22 del sábado 17 de septiembre de 2016, a la altura de la avenida Manuelita Sáenz.

Jaime Castellanos, gerente general de Safety Enforcement Seguridad Vial (SES), compañía que administra el sistema de fotorradares, explicó que “los causantes de este delito son tres hombres que viajaban en un automóvil rojo que ya fue identificado. Las placas, características y el nombre del propietario del vehículo se conocerán oportunamente”.

“El automotor pasó a exceso de velocidad y al darse cuenta de que fueron fotografiados por la cámara dieron vuelta en U y retornaron al lugar. Se bajaron dos sujetos con una llave de tuerca y trataron de golpear el lente. Al no poder hacerlo, subieron para destruirla con una palanca de hierro. Rompieron el equipo y se alejaron con rapidez”. narró el ejecutivo.

Según Castellanos, el costo de los daños bordea los $ 100.000. Este hecho se encuentra tipificado en el artículo 204, numeral 1, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que señala que la persona que destruya, inutilice o menoscabe un bien ajeno será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años si por el daño provocado paraliza servicios públicos o privados.

Ciudadano se queja por falta de notificación

Entre tanto, quienes deben pagar una, dos o más multas no pueden matricular su vehículo. Vinicio Miranda es uno de ellos. En octubre y noviembre de 2015 fue citado por exceso de velocidad. Pero recién se le informó que tenía las multas este mes.

El ciudadano se enteró por la página web. Ahora debe más de $ 700 y los intereses. Sin saber qué hacer, y al no haber sido notificado por la Dirección de Tránsito, Transporte y Movilidad, acudió a un abogado. “Me cobró $ 200 por apelar y, de no ganar, debo sumar esto a mi deuda actual”, lamentó Miranda. (I)