Luego de la muerte de 48 personas en 2011 y 25 en 2017 por consumo de licor adulterado, los cañicultores del cantón Pangua, en la provincia de Cotopaxi, aún sufren las consecuencias.

Más de 3.000 familias fueron afectadas por la paralización en la venta de aguardiente y sus bajos precios. Mery Vivas, comerciante minorista, recuerda que el año pasado el litro de licor de 60 grados estaba en 0,90 centavos y hoy oscila entre 60 y 65.  Le preocupa que el precio caiga más ya que la producción continúa y no hay un mercado fijo para la venta.

La Asociación de Cañicultores de Ramón Campaña, Asogras, Alambiques Nacionales y la Asociación de productores de caña de azúcar del cantón Pangua entregan 700.000 litros mensuales para la elaboración de la gasolina Ecopaís, por parte de Petroecuador.

Sin embargo, el cantón produce 1’500.000 litros al mes, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Territorial de Pangua. “La mayor parte de la producción se reparte entre los intermediarios y el contrabando”, confiesa Rodrigo Tana, productor de caña del recinto Palo Seco.

Tana señala que “la mayoría de gente vende de esta forma” ya que entre las cuatro asociaciones señaladas y  el Consorcio Agroartesanal Dulce Orgánico (CADO), reúnen a 199 socios, según datos entregados en reuniones con la Jefatura Política.

Pangua fue señalado por los noticieros de televisoras nacionales como punto de origen del licor adulterado. “Estamos ciento por ciento conscientes de que el aguardiente de Pangua no mata a la gente ni es perjudicial, pues el cantón lleva alrededor de un siglo en esta actividad”, enfatiza Eduardo Estrella, jefe político.  

“Lo que mata es la mezcla de metanol con licor artesanal o agua, práctica de los mayoristas para sacar más réditos económicos de lo normal”, añade Sebastián Molina, productor de caña.

Estrella recuerda que el Ministerio del Interior dispuso a las Gobernaciones, Policía, jefes y tenientes políticos, el 5 de febrero de 2018, controlar de manera permanente el expendio de licor sin registro sanitario.

Aclara que antes de empezar los operativos están socializando los alcances de los controles y los documentos que exigirán para el comercio del licor y así no afectar más la economía local. Los cañicultores deberán contar con el Régimen Impositivo Simplificado (RISE) y la nota de venta.

Los productores reconocen que deben legalizarse, pero tienen dudas de si ello será una verdadera solución. “Una vez obtenido el RISE y la nota de venta, ¿a quién vamos a vender?”, dice Fabián Recalde, cañicultor de la parroquia Ramón Campaña.

Comenta que en este sector la gente tiene cierto temor para obtener estos documentos por la desinformación que impera y la desconfianza hacia las asociaciones.

Rodrigo Tana también confirma este último punto. Cuenta que hace cuatro años dejó la Asociación de productores de caña porque la dirigencia empezó a restringir la cantidad de litros que entregaba, para recibir aguardiente de un comerciante mayorista ajeno a la organización, “quien ponía el dinero en efectivo para el pago cada domingo a los socios”.

Añade que la organización nació en 2011 con 380 socios, pero ahora solo quedan 40 integrantes. Según Tana, se trata de los familiares y amigos más cercanos del presidente de la Asociación.

“Siempre les van a parar asunto a los que están asociados, pero la gente no quiere porque hay fraudes en las asociaciones. En cualquiera de estas, los dirigentes tratan de hacer dinero personal, no para la asociación”, lamenta.

Pese a las quejas, los productores de caña esperan que el tema no sea manejado con tintes políticos y se solucione definitivamente. “Ojalá que las autoridades se preocupen por este problema ahora y no cuando haya más muertos”, apunta Lautaro Ávalos.

Víctor Alulima, jefe de Proyectos del Municipio de Pangua, enfatiza que la institución está trabajando en la búsqueda de mercados para el licor artesanal, pero insiste en la necesidad de que los productores se asocien y se legalicen para facilitar la venta del producto. (I)