Conseguir un transporte adecuado para las zonas rurales de la región centro resulta  difícil para la mayoría de habitantes de dichas áreas, en donde los servicios de bus solo funcionan hasta determinadas horas y, en otros casos, las unidades no llegan por el mal estado de las vías.

Ese es el caso de María Simbaña, habitante de la comunidad Puganza, cercana a Quisapincha, en  Tungurahua. La mujer baja todos los días hasta la ciudad de Ambto y para poder retornar a su comunidad  tiene que tomar una camioneta, debido a que después de las 19:00 ya no existe transporte regular hacia esa localidad.

“Trabajo lavando ropa en casas del centro de Ambato. Para trasladarme en la mañana hasta la zona, no hay problema. El inconveniente se presenta por las noches, porque la cooperativa Quisapincha solo trabaja hasta las 19:00, máximo 20:00. A partir de esa hora, a quienes  vivimos en Puganza u otras zonas más alejadas, no nos queda más remedio que tomar una camioneta que nos lleve, por 50 centavos, en el balde”, señaló María.

En las cercanías de la plaza Primero de Mayo se ubican camionetas de varias cooperativas que brindan estos servicios por las noches.
Según Trajano Sánchez, director de la Unidad Municipal de Transito de Ambato, este servicio comunitario se hace necesario en provincias en donde las poblaciones alejadas, en su mayoría indígena, no cuentan con un servicio de transporte.

“Se ha autorizado a una cooperativa que sirve al sector de Pilahuin, llamada Carihuairazo. Antes trabajaban clandestinamente, pero ahora ya tienen autorización del Municipio y cuentan con unidades nuevas para brindar el servicio de transporte hacia esa comunidad alejada”, indicó Sánchez.

Otra compañía que trabaja legalmente como transporte de carga mixta es la cooperativa Rey Casahuala, cuyos integrantes tienen unidades con capacidad para transportar tanto pasajeros como carga liviana. De esa manera,  se trata de dar solución por parte de la municipalidad a la falta transporte hacia las comunidades alejadas.

Según Sánchez, “muchas veces la gente con el fin de transportarse no mide los peligros al viajar en vehículos no autorizados, lo que muchas veces termina siendo fatal”.

Juan Benítez, poblador de El Galpón, sector alejado de Quisapincha, manifestó que “las camionetas que brindan estos servicios suelen llevar muchos pasajeros y es peligroso debido a que muchos de ellos son niños y estudiantes”.

Rosa Cajimarca es originaria de la comunidad de Pistishi, en el cantón Alausí (Chimborazo), y cada día de feria  baja a la cabecera cantonal para ofrecer sus productos agrícolas. Para llegar, generalmente toma la camioneta de un vecino, en la que se trasladan unas 10 personas más la carga. El pasaje le cuesta unos 75 centavos de dólar. El regreso le resulta más complicado porque debe conseguir una camioneta,  y dependiendo de la hora, la tarifa puede ser de $ 1 a $ 1,25

“Esta es la única forma para llegar a mi casa. Allá no llegan buses, porque el camino es malo. no está lastrado y con las lluvias solo los carros grandes pueden pasar. Por eso los buseros no quieren ir, porque dicen que se les daña”, afirmó.

Historias como estas se repiten en comunidades de Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, Tungurahua y Pastaza, en donde desde hace más de un mes los transportistas que ofrecen este servicio intentan propiciar una reforma a la actual Ley de Tránsito,  que les permita a los habitantes de los sectores rurales tener un transporte terrestre adecuado.

En la provincia de Cotopaxi, una lista preliminar determinó que existen  3.600 personas inscritas dentro del transporte comunitario. Con esta lista y la conformación de comités de transporte comunitario en otras provincias de la región, se espera  plantear a las autoridades de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) la legalización de este tipo de actividad, según indicó Vicente Tibán, coordinador provincial  de transporte comunitario de Cotopaxi. 

Actualmente, según Patricia Herrera, viceprefecta de Chimborazo, las personas que ofrecen este servicio son detenidas  al no estar legalizadas, por lo que deben cancelar multas que rondan los 600 dólares para liberar sus vehículos.