El ministro del Interior, José Serrano, anunció ayer vía Twitter que  fueron recapturados en Los Ríos, cuatro menores de edad que fugaron la noche del sábado anterior del Centro de Adolescentes Infractores de Riobamba (CAI-R).

Entre ellos está Alexander M., sospechoso de ser el autor de la muerte del policía Jorge Guamán, en un hecho ocurrido durante la evasión.

Los menores eran esperados ayer en la capital chimboracense para ser reintegrados al centro de reclusión riobambeño.

La Unidad de Adolescentes  Infractores se encarga de la investigación de los jóvenes que tienen conflicto con la Ley Penal. No todos los adolescentes pueden ser investigados por esa Unidad; solo aquellos cuyas acciones u omisiones contravienen normas establecidas en el Código Penal.

La privación de libertad de un adolescente, es resuelta en 24 horas por parte de un Juez Especializado en el área, de acuerdo con lo manda la Constitución vigente de la República. Los procesos seguidos contra adolescentes en conflicto con la ley  son resueltos rápidamente (30 días), y no pueden durar más de 90 días en ningún caso.Los últimos acontecimientos suscitados con menores de edad generaron alerta sobre la situación en la que se encuentran los centros de rehabilitación de adolescentes del Ecuador, especialmente de las provincias de la zona centro, donde las fugas suelen ser recurrentes y la atención que se da a  los menores deja mucho que desear, según la opinión de profesionales y defensores de los derechos de la niñez y la adolescencia.

En la provincia de Pastaza, desde abril del presente año, el Ministerio de Justicia y Cultos asumió la dirección del ahora llamado Centro de Contraventores Unidad de Aseguramiento Transitorio (CDC-UAT), que está ubicado en la comunidad Puituime, en el sector Madre Tierra del cantón Mera.

Hasta ese lugar llega toda persona que haya cometido algún delito o infracción. A los adolescentes se los  ubica en celdas diferenciadas, mientras que los menores considerados niños y niñas son retenidos temporalmente en una minicelda ubicada en la Policía Judicial en Puyo. Una vez que son procesados, aquellos que deban permanecer detenidos son trasladados a los centros especializados de Riobamba, Ambato o Cuenca.

Antes de que se instalara el CDC-UAT, los  menores eran retenidos en los calabozos de la Policía Judicial. De ese sitio, el  24 de noviembre pasado, siete adolescentes infractores forzaron las seguridades de las celdas y escaparon a eso de las 23:00.

Otra fuga se detectó recientemente en la provincia de Tungurahua. Iván Ríos, comisario e intendente de Policía (e), señaló que semanas atrás tres menores infractores se fugaron del Centro de Detención de Menores de Ambato, ubicado en la parroquia Izamba, quienes fueron recapturados y, al momento, ya están en el lugar de reclusión.

“Creo que debería haber un poco más de coordinación entre las entidades administrativas del local con la Policía Nacional para mejorar el control y seguridad”, aseguró Ríos.

Cotopaxi  y  Bolívar no cuentan con centros de detención de menores infractores, por lo que los adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley en esas jurisdicciones son enviados a Ambato, Riobamba, Quito o Guayaquil.

En los CAI  se establece que a los adolescentes  se les aplicarán medidas socioeducativas y  recibirán las terapias necesarias para  que se hagan responsables y se corrija  su conducta; esto, sin embargo, no se cumple, señaló  Luis Terán,  psicólogo clínico.

“Cada CAI debe contar con equipos técnicos y humanos que les permitan a los adolescentes su reinserción en la sociedad, pero no existe eso. Los delincuentes no nacen sino se hacen, por eso es necesario que estos centros cuenten con equipos profesionales, sicólogos, promotores, facilitadores, guardias. Pero no hay un sistema interno que permita esta reeducación”, sostuvo Terán.

Jorge Lazcano, secretario ejecutivo del Consejo de la Niñez y Adolescencia del cantón Pastaza, cree que los hechos delincuenciales cometidos por menores no deben ser criminalizados, pues se estarían sepultando las posibles acciones de rehabilitación.

Si hay casos extremos debe existir la participación activa de todas las instancias del Estado para recuperar a ese joven, señaló.

“Antes que aplicar la represión, se deben analizar los motivos que orillaron a ese menor de edad a involucrarse en actos negativos y, a la par, se debe motivar la recuperación rescatando los valores e incentivando a que aprenda algún oficio”, dijo Lazcano.