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Ecuador, 21 de Enero de 2025
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El Telégrafo
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Cabildos trabajan para desaparecer “tallarines”

Las telarañas formadas por los cables aéreos de los servicios eléctrico y de telecomunicaciones son habituales de las ciudades de la región centro del país. 

Frente a ello, algunos cabildos han empezado a tomar acciones. En Ambato, por ejemplo, se trabaja desde hace años en el soterramiento de alambres en el centro de la ciudad, y recientemente se implementa el enterramiento de los cables de los semáforos.

“Hace algunos años empezamos a soterrar las líneas y cables en el centro de la ciudad. La Empresa Eléctrica y el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CNT) ya no cuentan, al momento, con líneas aéreas en el casco urbano. Ya se han realizado los trabajos para colocar estos cables subterráneamente para evitar inconvenientes”, dijo Mariana Ortiz, directora del Departamento de Planificación del Municipio de Ambato.

La entidad cuenta, por estos días, con una ordenanza aprobada en primera instancia, que regula el tema.

Por otra parte, Juan José Carrillo, gerente regional de la CNT, señaló que “la liberación de los postes de hormigón se la ha venido ejecutando desde hace tres años. En algunos tramos tenemos soterrado (el cableado), en otros canalizado y en algunos muralizado, es decir anclados los cables en las fachadas de edificios”.

En Riobamba ocurre algo similar, pues hay una ordenanza referida al tema, aprobada en primera instancia por ahora.

3 millones de dólares invertirá el gobierno municipal de Guaranda para el soterramiento de cables

José Luis Aldaz, miembro de la Comisión de Planificación y Ordenamiento Territorial de la municipalidad señaló sobre el tema: “Se presentó (la ordenanza) ante el Concejo, y se realizaron algunas observaciones que deben ser cumplidas para luego volver a plantearla para su aprobación. Pese a ello, ya se está exigiendo a los proyectistas de urbanizaciones planos con el cableado subterráneo; de hecho, ya existen entidades privadas que lo han ejecutado, mejorando así la imagen de sus sectores”.

Pero muchas de las propuestas de soterrar los cables se detienen por los altos costos de inversión. Así lo indicó Néstor Solís, director provincial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) en Chimborazo. “Al iniciar los trabajos de rehabilitación de la av. Circunvalación, pusimos en consideración el cableado interno; sin embargo, se nos indicó que significaría un presupuesto más alto que el actual (23052.812 dólares), por lo que desistimos”, señaló.

En tanto, el problema del cableado aéreo también ha sido analizado por los municipios y las empresas que instalan los alambres en Latacunga y en otros dos cantones de Cotopaxi. De ahí que, por ejemplo, la Empresa Eléctrica de Cotopaxi (Elepeco S.A) contempla la posibilidad de enterrar los cables.

Édgar Jiménez, presidente ejecutivo de la entidad, dio a conocer que está por concluir un estudio para la ampliación de las redes subterráneas que ya existen en el casco urbano latacungueño hasta las afueras de la ciudad. Para ello cuentan con presupuesto de alrededor de 660.000 dólares.

El funcionario anunció que el proyecto deberá estar terminado hasta diciembre de 2013 y no representará gastos para la ciudadanía, excepto la adquisición de nuevos trasformadores; y que ello solo será necesario en el caso de las industrias. Los medidores van por cuenta de la Empresa Eléctrica. El proyecto no abarca a la zona rural.

En tanto, el Cabildo de Guaranda tiene planificado el soterramiento de cables en un área de 1,5 kilómetros del centro. Este trabajo será parte del llamado Eje de Identidad de las Ciudades del Buen Vivir, proyecto del Gobierno Nacional.

Dentro del plan se tiene establecido un monto de 3 millones de dólares para el soterramiento de los cables. El dinero se empleará en la excavación y entubamiento de los alambres de alumbrado público y de luz para viviendas. Según un reporte de la CNT en la provincia de Bolívar, los cables que cuelgan de los postes en la capital provincial pertenecen un 40% al servicio telefónico, otro 40% a electricidad y el 20% restante a operadoras privadas.



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