El cierre de la Cooperativa de la Pequeña Empresa de Tungurahua (Cacpet), con sede en Ambato, perjudicó a 7.743 personas de esta y otras provincias de la región. La entidad fue liquidada en agosto de 2015 debido a  varias irregularidades cometidas por miembros del consejo administrativo.

Entre ellas la entrega de préstamos ‘factoring’, créditos que otorgaban grandes montos a empresas de construcción y directivos de la institución, sin garantías ni documentos que respalden las operaciones.

El monto entregado bajo esta modalidad es de aproximadamente $ 6 millones, lo que representa el 39% de la cartera de crédito.
Tras seis meses de protestas por parte de los cuentahorristas, investigaciones y procesos legales, el mes pasado un juez emitió una orden de prisión preventiva para 6 directivos.

Esta decisión fue tomada tras una exhaustiva investigación realizada por personal de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), en Ambato. Así lo asegura Carmen Ubidia, intendenta zonal 3 de la entidad.

“El equipo de liquidación, presidido por Celso Villegas, realizó una completa supervisión y análisis de la cooperativa, encontrando graves anomalías. Por ejemplo los créditos ‘factoring’ se autorizaron sin aplicar el protocolo normal para la entrega de préstamos y sin un aval”, dijo.

Formulación de cargos

Después de varios plantones y protestas por parte de los perjudicados, de los cuales 92% (7.131 socios) recobraron su dinero, el 23 de febrero del presente año se realizó la audiencia de formulación de cargos.

Aquella mañana un grupo de desesperados depositantes acudieron a la Fiscalía de Tungurahua para exigir justicia. “Hemos creado la Plataforma de Afectados, a fin de canalizar de manera efectiva nuestro reclamo. Aquel día se dictó orden de prisión preventiva para Jaime Amancha, Vladimir Saa, María Saa, Byron Sánchez, Roberto Larrea y Benigno Cárdenas, miembros del consejo administrativo, lo cual nos satisface pues se está empezando a hacer justicia por la sustracción de nuestro dinero”, dijo Édgar Mariño, representante de los socios de Cacpet.

El 8% de perjudicados (612 personas), quienes mantienen cuentas con más de $ 5.000, aún esperan recuperar sus ahorros. A más de la orden de prisión para los 6 directivos, el juez a cargo del caso, Galo Rodríguez, determinó medidas sustitutivas a otros tres miembros del consejo administrativo. Con ello se determina la congelación inmediata de sus cuentas y prohibición de salir del país, entre otras acciones.

Otro de los hallazgos que realizó el equipo de liquidación es que se otorgaron 12 créditos vinculados, entre enero y agosto de 2014, por un monto de $ 1,7 millones.

De este monto 2 directivos recibieron $ 1,5 millones. Al 31 de agosto del mismo año el saldo de préstamos vinculados supera en 21 veces al permitido por la Ley de Economía Popular y Solidaria. Además varios créditos se renovaron sin abonos ni garantías reales.

“Si bien es un gran avance que se haya ordenado prisión a los culpables del cierre de la cooperativa, esperamos que la devolución de dineros continúe. Gran parte de los perjudicados mantienen familias y son comerciantes que laboran con los capitales que mantenían en sus cuentas”, dijo Marlene Suárez, cuentahorrista de Cacpet.

Suárez agradeció además la intervención de la SEPS en el caso pues, según dijo, “esto garantiza que los créditos aún vigentes se paguen y se devuelva los valores de socios aún impagos”. (I)

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Al menos el 40% del movimiento cooperativista del país está en la zona centro

"Pese a contadas excepciones, el sistema cooperativo de la región es saludable"

El cierre de varias entidades crediticias de la región, entre ellas las cooperativas Amazonas, Yuyac Runa, Acción Rural y Cacpet, desde 2014, no ha afectado el sistema financiero y crediticio de la zona centro. Así lo afirma Carmen Ubidia, intendenta zonal 3 de la SEPS.

“Si bien hay algunas excepciones, las instituciones de ahorro y crédito de la región mantienen un estado saludable. Esto pese al difícil momento que la economía nacional atraviesa y afecta a todos los sectores de la sociedad. Además es destacable la permanente vigilancia del personal de la SEPS frente a posibles irregularidades de las entidades”, dijo.

Esto es de vital importancia para Tungurahua, Pastaza, Chimborazo, Cotopaxi y Bolívar pues en estas provincias  se registra el 40% del movimiento cooperativista del país. A nivel nacional existen 945 organizaciones financieras, de las que 376 están en la zona centro. Dentro de la economía no financiada, existen al menos 1.242 entidades crediticias, de las cuales el 30 % se encuentra en Tungurahua.

Ubidia destacó además que la liquidación de las cooperativas Amazonas, Yuyac Runa, Acción Rural y Cacpet, en su mayoría se debieron a faltas cometidas por los directivos de las mismas y a la inobservancia de recomendaciones que el ente regulador realiza periódicamente.

“Previo al cierre de una cooperativa se realizan varios análisis en los cuales se determinan posibles factores de riesgo. De no aplicarse las sugerencias de los especialistas, la bancarrota es inminente y es de total responsabilidad de los miembros del Consejo de Administración, unidad a cargo de la toma de decisiones importantes”, agregó la funcionaria.

En tales casos, otra de las entidades que interviene en el proceso de devolución de dineros es la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados (Cosede). La institución es la encargada de garantizar al depositante de cuentas de ahorros, corrientes y depósitos a plazo fijo, la entrega de los depósitos.

La cobertura de $ 1.000, se aplicará para las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario que al momento de expedición del Código Orgánico, Monetario y Financiero, se encuentren en proceso de liquidación conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. Gracias a esta modalidad de cobertura, más del 90% de perjudicados por el cierre de estas entidades de ahorro y crédito, lograron recuperar lo que depositaron. (I)