Largas filas de vehículos, gritos, insultos por parte de conductores exasperados, sonido constante de pitos y columnas de personas que, a pie, trataban de sortear el cierre de la Panamericana, al norte de Quito.

Esa fue la tónica que se vivió ayer en la intersección de la carretera con la av. Simón Bolívar, a la altura de Carapungo, debido a una protesta de transportistas informales. Los manifestantes cerraron desde las 06:00 y por aproximadamente 2 horas y media un punto de la ciudad por el que circulan unos 81 mil automotores diarios.

La medida buscaba, según sus protagonistas, evitar que sigan los controles que ejecutan en su contra miembros de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y lograr que las Alcaldía los regularice.

Alexander Ruiz, uno de los transportistas, dijo que están decepcionados con la gestión del alcalde Mauricio Rodas. Añadió que a inicios de 2014 —durante la campaña electoral en pos de la Alcaldía— llegó a la zona para pedir “un voto a cambio de la regularización y ahora nos persigue como a ladrones”.

El conductor indicó que solo anteayer más de 30 unidades habían sido detenidas, 17 de ellas en la zona de la av. Naciones Unidas (centro-norte), el otro extremo de la ruta. “Nos detienen las unidades y nosotros no somos ladrones; estamos ofreciendo un servicio con el que mantenemos a nuestros hogares”, aseguró Edwin Melo, otro de los transportistas.

Los conductores aseguraron que unas 7 mil personas utilizan ese servicio diariamente.

Entre los ciudadanos, hubo división de opiniones respecto a la protesta. Los conductores de vehículos particulares, exasperados por el trancón generado y urgidos de llegar a sus respectivos destinos, recriminaban e incluso insultaban a los manifestantes exigiendo que los dejaran pasar.

Por otro lado, muchos de los transeúntes los apoyaban, a pesar de las caminatas que tuvieron que realizar para dirigirse a cumplir con sus labores diarias. En la mayoría de los casos, defendían la calidad del servicio que prestan los transportistas no regularizados y criticaban al transporte formal.

Luis Tapia, una persona de la tercera edad, dijo que el servicio informal beneficia al sector. “Te tratan con dignidad, con cariño, con honestidad, no como los otros buses, en donde 3 veces me he escapado de que me atropellen”.
Tapia añadió que no usa el transporte formal “porque es pésimo, a uno lo tratan mal, lo aplastan”. Dijo que, en comparación, usar los taxirrutas conviene porque “por $ 1,00 se viaja rápido, cómodo y seguro. En cambio, los taxis normales cobran hasta $ 15 por el viaje y eso es demasiado”.

Funcionarios municipales como Juan Zapata (secretario de Seguridad), Darío Tapia (secretario de movilidad) y Julio Puga (jefe de operaciones de la AMT) se reunieron con los manifestantes y acordaron reunirse el 21 de marzo.

No obstante, Tapia aseguró al final que su obligación es hacer cumplir las normas en la ciudad, por lo que los operativos contra el transporte informal seguirán. (I)