Un censo ayudará a controlar el crecimiento urbano de la capital
El crecimiento desordenado de la ciudad arrancó en la década de 1970, cuando la población urbana aumentó por efectos de la migración interna y por las nuevas generaciones, que reclamaron más espacios de vivienda.
Es así que nacieron barrios como Pisulí, Atucucho, Camal Metropolitano y La Roldós, entre otros. El crecimiento sin planificación ni permisos municipales generó la expansión de la mancha urbana. Eso provocó que se encarezcan los servicios básicos debido al incremento de infraestructura para esas zonas como los postes de energía eléctrica y la red de alcantarillado.
Mauricio Moreno, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de las Américas, indicó que ese crecimiento informal provoca —hasta la actualidad— que la ciudad se vuelva menos densa (menor número habitantes por hectárea) multiplicando la demanda de servicios básicos.
“La expansión de la ciudad también aumenta los problemas de movilidad, por ejemplo; para la gente, gastar tiempo en el tráfico tiene un costo e incluso es peligroso”.
El académico dice que para evitar el crecimiento horizontal se deben respetar los límites que estableció la pasada administración para la ciudad e impulsar el crecimiento urbano vertical (hacia arriba).
Desde la salida del aeropuerto Mariscal Sucre hacia Tababela aumentó el número de edificios, considera el arquitecto Mariano Cajas.
“Hay una infinidad de edificios; sin embargo, los departamentos son caros y eso genera que la gente siga desplazándose a zonas como Calderón, los valles y el noroccidente, echando al traste el crecimiento vertical”.
El profesional dice que si antes la meta era extender la red de servicios básicos, el aumento de edificios genera retos propios como la implementación de nuevas normas de seguridad constructiva.
Cajas recuerda que esto es importante, ya que Quito está expuesto a desastres naturales.
Moreno insiste en que “los límites son una forma de control y si no se cumplen habría una tendencia a usar terrenos cuya vocación es otra, por ejemplo los espacios agrícolas”.
María González, directora de Planeamiento de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, indicó que los límites no han sido modificados en la presente Alcaldía.
En 2013, el Municipio colocó postes de hormigón en barrios del norte como La Roldós y Pisulí y al sur, en los sectores que se encuentran detrás del Camal Metropolitano. Sin embargo, esta señalización no siempre sería respetada.
Para determinar la existencia de asentamientos más allá de los límites, la Municipalidad deberá ejecutar un censo en máximo un año.
Sergio Garnica, presidente de la comisión de la Comisión de Uso del Suelo del Concejo Metropolitano, indicó que la medida es dictaminada por la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial.
“Con ello podemos regularizar y evitar el tráfico de tierras. Además se consolidará el patrimonio familiar y los beneficiarios pueden acceder a créditos y servicios”.
La edil Luisa Maldonado (Alianza PAIS) dijo que, al menos 400 barrios, tienen pendiente el trámite de legalización.
Explicó que se necesita que esos procesos legales se concreten para la dotación de obras. (I)
