Tungurahua se unió al movimiento que reconoció a Gabriel García Moreno

García Moreno había ejercido el poder en el Ecuador de 1861 a 1865 y se aprestaba para su período planificado para 1869 a 1875.

En el ‘periódico oficial’ El Nacional No. 355 de 1 de febrero de 1869 se escriben datos como estos.
“Gabriel García Moreno a sus compatriotas: ¡Guayaquileños! Una revolución inicua, tramada con la más cínica insolencia  por los agentes del traidor y cobarde Urbina, y favorecida por la connivencia del Gobierno, iba a entregar nuestra hermosa Patria en manos de ese corrompido caudillo.

Armas han venido del Perú para consumarla; y se han repartido puñales a los que han recibido ya el miserable estipendio del crimen.- Compatriotas, el que no os abandonó cuando la República parecía perdida sin remedio en 1860, no podía abandonaros en la presente crisis sin cometer el delito de infidelidad a la Patria…”.

Surgieron entonces los respaldos nacionales  que aparecen publicados en ese diario, de donde extraigo lo concerniente a Tungurahua.

Nótese que hasta hay reparto de funciones y cargos: “En la ciudad de Ambato, a 18 de enero de 1869, reunidos los infrascritos vecinos de esta ciudad.

Las consideraciones

Que por datos seguros se sabía que el bando llamado liberal  trata de turbar el orden público favoreciendo la invasión del enemigo constante en la República, al convencerse de que de otro modo no le era posible adueñarse de la nación.

Que por una inaudita inmoralidad del mismo bando se predicaba públicamente el asesinato como un  medio de oponerse al triunfo seguro del candidato en que se había fijado la mayoría de la República para que le rigiera en el próximo período constitucional.

Que mientras que estos hechos eran del conocimiento de todos, no se tomaba por el Gobierno providencia alguna para salvar el país del abismo  a que era conducido por el bando rojo, al que se le ha dejado trabajar en su infame tarea.

Que esta indiferencia o inacción del Gobierno debe ser corregida por la voluntad popular de la mayoría de los ciudadanos, dando a la autoridad el valor suficiente para restablecer el orden público.

La declaratoria

Que se adhieren al pronunciamiento  en la capital de la República el 17 de los corrientes, y proclaman de jefe supremo al excelentísimo señor doctor Gabriel García Moreno, quien deberá convocar una convención a fin de que reforme las instituciones para dar al gobierno  la fuerza necesaria para conservar la tranquilidad, sin la que no es posible el progreso de la República.
Esta misma reunión popular elegirá los empleados que sean de su absoluta confianza, a fin de que no haya embarazo en la marcha de la administración pública.

La constitución y las leyes quedarán en su vigor y fuerza en todo lo que no se oponga a la marcha expedita del Gobierno provisional para reconstruir la República.

En consecuencia, proceden al nombramiento de los empleados que les corresponde en la manera siguiente: Para gobernador de la provincia, Juan León Mera, proclamado repetidas veces y unánimemente por el pueblo.

Jefe Político del cantón Ambato, Rafael Sevilla. Suplente, Ángel María Barona. Tesorero, Juan Molineros. Comandante militar de la provincia, el teniente coronel Ignacio Paredes. Para juez letrado de la provincia, Ciro Peñaherrera.

Alcalde municipal, Pedro Mantilla. Alcalde segundo, Pedro Espinel y Cevallos. Juez primero central, Camilo Vaca.  Para alguacil mayor, Flavio Vásconez.
Para comisario de policía, José Antonio Cobo. Rector del colegio Bolívar, Nicolás Martínez.

Como catedrático de Filosofía, Juan Guerrero Duprat. También como catedrático de gramática latina y castellana, Miguel Francisco Albornoz.

Jefe del regimiento, teniente coronel Pedro Sánchez. Segundo jefe,  el sargento mayor Juan Vaca.
Para ayudante mayor del regimiento el capitán graduado Fidel Recalde.  Para jefe del primer batallón, sargento mayor Emilio Suárez.

Administrador de correos, Amador Suárez. Para interventor de correos, Dionisio Ruiz. Teniente político del centro, Ezequiel Mera. Como suplente, Ramón Castillo.

El pueblo proclamó reconociendo a todos los miembros de la corporación municipal, cantonal y provincial que han sido elegidos en el año próximo pasado, quienes continuarán ejerciendo sus cargos en el modo y forma que se hallan establecidos actualmente.
 Y faculta a la Municipalidad cantonal para verificar los nombramientos que convengan y que se hayan omitido en esta acta.

Y que todos los empleados que quedan nombrados, prestarán la promesa constitucional ante el Concejo Municipal para proceder en el acto de desempeñar sus cargos y destinos.

Dándose cuenta de este acto y por la posta al Supremo Gobierno establecido en la Capital de la República. De todo lo que dan fe los escribanos que suscriben por haber presenciado el acto y firman los que siguen del pueblo.

Rafael Sevilla, Emilio Suárez, Ignacio Paredes, Modesto Chacón, Nicanor Patricio Sánchez, Manuel Leal, Emilio Cabrera.

Además, Juan Molineros, Adolfo Ruiz, Antonio Villagómez, Francisco Barona, Juan Guerrero Duprat.
También, Carlos Riera, Ildefonso Vásconez, Juan León Mera, Camilo Vaca, (siguen más de mil firmas).
Esto es copia. Por el secretario, el oficial primero Juan Albán”.