La mayor parte de la diferencia entre el presupuesto previsto para la Fase II del Metro de Quito ($ 1.054 millones) y el precio con el que se adjudicó la obra al consorcio Acciona-Odebrecht ($ 1.539 millones) corresponde a costos indirectos.

En este rubro se contabilizan 3 factores: la ganancia a la que aspira el constructor, un porcentaje asignado por los riesgos que asume el ejecutor con el proyecto y otro tanto para gastos administrativos.

Un nivel que se considera aceptable a escala internacional es asignar el 20% del costo total del proyecto a costos indirectos. Y así se estableció en el presupuesto referencial elaborado por Metro Madrid, recordó en su momento Édgar Jácome, exgerente de la Empresa Metro de Quito.

No obstante, la propuesta del consorcio hispano-brasileño que construirá la obra establece un incremento de $ 250 millones para costos indirectos; esto equivale a más del 100% sobre los $ 182,8 millones previstos inicialmente.

Si se compara ese incremento con el de los costos de construcción (directos), los valores indirectos representan el 51% del alza presupuestaria para la segunda parte del tren subterráneo.

El bloque de concejales de Alianza PAIS (AP) pidió repetidamente al alcalde Mauricio Rodas que evitara que ediles cercanos a él realizaran declaraciones negativas en relación a la obra. Desde la campaña electoral, a inicios de 2014, el hoy exconcejal Antonio Ricaurte declaró repetidamente que los precios establecidos en los estudios no eran reales, que el Metro costaría más y que se requeriría de una subvención municipal para que operara.

Aquello, dijo la bancada de AP, debilitaba al Cabildo frente al grupo empresarial constructor y abría las puertas a un alza del costo. Esas críticas habría incidido, por ejemplo, en el proceso de negociación con miras a rebajar los costos de la obra anunciado por el Alcalde antes de la adjudicación del contrato en octubre pasado.

Este procedimiento arrancó el 7 de mayo de 2015, según anunció el actual gerente general de la empresa Metro de Quito, Mauricio Anderson. En agosto, la Alcaldía capitalina afirmó que había logrado una reducción de $ 50 millones (el 3,2% del costo de la Fase II).

Sin embargo, el concejal independiente Sergio Garnica aseguró ayer que el consorcio se negó desde el principio a revisar costos y que la negociación no se habría efectuado.

Juan Pablo Álvaro, presidente de la firma GMQ, encargada de gerenciar la segunda fase, dijo que en este aspecto no había mucho que hacer. “Se trataba de la oferta más baja presentada y por cuestiones de proceso esa fue adjudicada”.

En cuanto a los costos directos (de construcción), la mayor alza respecto al presupuesto referencial se relaciona con el alquiler y uso de las tuneladoras, que se elevan en
$ 161,86 millones (113% más).

EL TELÉGRAFO intentó hablar este martes con algún personero del consorcio para que explicara las diferencias de precios entre el presupuesto referencial y la oferta, pero los funcionarios presentes en el inicio de la Fase II se excusaron.

Ayer, con la operación de 4 retroexcavadoras, arrancaron los trabajos preliminares de construcción en el sector de Quitumbe (al sur), en donde funcionarán los garajes, talleres y la estación sur. (I)