Transporte: segregación o convivencia
Según datos de prensa, el 80% de las ciudadanas que ha usado el transporte público en el distrito ha sido víctima de acoso sexual. La cifra proviene del estudio levantado por el Municipio en 2011, en donde refería el acoso como principal problema para las mujeres, especialmente del sur de la ciudad.
Frente a esta realidad, existía silencio cómplice de esta sociedad. Seguramente, para algunos políticos era una realidad periférica frente a los temas de interés nacional, sin considerar que el acoso diario en el transporte público se convierte en inseguridad y naturalización de conductas violentas contra el cuerpo de las mujeres y contraría la convivencia ciudadana en el espacio público.
Pero evidencia también esa diferencia socioeconómica de las mujeres que se ven obligadas a tomar el transporte público soportando condiciones indignas frente a aquellas que cuentan con niveles de ingresos que les permiten tomar un transporte privado de mayor costo, o de quienes dependen de su pareja o familiares para movilizarse y evadir el ‘manoseo’.
Estas consideraciones fueron expuestas en abril de este año, cuando se conoció la denuncia de una ciudadana tras la cual la sanción contra el infractor fue de $ 4, monto inferior al establecido por mal uso de espacio público o por ‘pico y placa’.
La Marcha de las Putas, colectivo urbano con algunos años de trabajo por la igualdad de género y la libertad estética, compuesto por jóvenes feministas de la ciudad y del país, planteó una medida emergente, temporal y voluntaria, con carácter retroactivo, para visibilizar la problemática y brindarle una respuesta integral e inmediata al problema.
En este proceso surgió el proyecto de creación del transporte público seguro para mujeres, construido de forma colectiva con gran aceptación de las usuarias y respuesta favorable por parte de exconcejales, con quienes se logró llevar la propuesta al Concejo, obteniendo 7 votos a favor y 3 en contra; así se aprobó una resolución que intentaba dar una respuesta inmediata al acoso en el transporte público bajo la administración de la Empresa Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito.
Es necesario aclarar que la resolución aprobada no solo planteaba una medida emergente sino integral; esto es, acompañada de la delimitación de una línea base sobre inseguridad en el transporte que no se había considerado en ninguna campaña ni política pública anterior, así como medidas socioeducativas destinadas a cambiar las conductas violentas, y medidas operativas del día a día de las usuarias.
Jamás se habló de autosegregación -como han pretendido quienes votaron en contra-; se habló de una medida emergente, opcional y voluntaria, que evidencia la violencia sobre nuestros cuerpos en el transporte público, que debe ser cambiada o revertida mientras mejoramos la convivencia ciudadana en el espacio público con políticas integrales.
Lejos de calificarse como buena o mala, es develar una realidad, es ser y hacer parte de la construcción colectiva de las políticas de la ciudad, motivando soluciones y brindando alternativas que están en el debate permanente. Todo esto entendiendo los derechos como fundamentales y la convivencia libre de violencia como necesaria.
