El concejal de Quito y exsecretario de Movilidad dice que hay contradicciones en la información del proyecto.

¿Qué problemas básicos tiene la Solución Vial Guayasamín?

Está trabajado en base de conceptos muy gruesos, dibujos. No hay propiamente diseños de ingeniería. Incluso en los documentos contractuales y precontractuales hay serias contradicciones.

¿Cuáles por ejemplo?

Le pongo como ejemplo lo que dice el análisis financiero que hace la empresa municipal de obras públicas del proyecto recibido de la constructora china. Esto fue entregado mediante un oficio del 10 de diciembre de 2015 al gerente general de la empresa. En el resumen ejecutivo se habla de un período de construcción de 3 años, con un costo de $ 129,8 millones y un período de concesión de 25 años.

Condiciones diferentes al convenio de construcción...

Lo que se firma es significativamente diferente. El período de construcción no es 3 años, sino 28 meses. El costo que anuncia públicamente la administración es de $ 131 millones, no los $ 129,8 millones. Pero sorprende es que con $ 129,8 millones la concesión era de 25 años; luego firman el contrato por $ 1 millón más y alargan el período de concesión en 5 años, lo que me parece que no se justifica.

Y respecto al tema de costos tampoco hay claridad. El informe técnico decía $ 129,8 millones. La Alcaldía anuncia una inversión de $ 131 millones. Pero revisando los anexos del contrato con la empresa china, el cronograma de aportes del Municipio ($ 13,5 millones) y de la empresa china ($ 122,5 millones) suman $ 136 millones.

Y la empresa china le anuncia al Estado que la inversión será de $ 167 millones. Entonces, ¿cuánto mismo cuesta la obra? Y ese es un tema tremendamente importante.

La Alcaldía da a entender que se trata de inversión privada.

No es plata privada que le regalan a Quito. Es una inversión que tiene que ser repagada con fondos públicos; eso es el valor que los quiteños o quiteñas pagamos al cruzar por el peaje y que, según el contrato, está concesionado 30 años a la empresa china.

Entonces, ¿se justifica esta inversión? ¿la inversión necesaria está en los montos señalados?

Las cifras no pueden ser hechos que imponga la contratista. Tiene que ser verificado por la contratante que, en este caso, es la Empresa de Movilidad y Obras Públicas que, supuestamente, defiende los intereses de la ciudad.

¿Cómo influirán financieramente los cambios anunciados al proyecto?

No sabemos si las modificaciones harán más rápida, más cara, más barata la obra. Son respuestas que aún no se han dado y que la Alcaldía está obligada a entregar.

¿El contrato es ilegal?

Pueden decirme que el contrato es legal desde el interés de 2 empresas que se alían, pero tiene que ser visto bajo la lupa del interés de la ciudad. Y desde esa perspectiva hay vacíos que todavía no están respondidos.

¿Hay que renegociarlo?

Sí, bajo la base de estudios que diga cuánto mismo cuesta la obra y que se hagan obras con criterios técnicos. (I)