Los moradores de San José del Condado (en el noroccidente de Quito) no permitieron que representantes del Municipio les entregaran las notificaciones de expropiación de los 16 predios (5.000 metros cuadrados aproximadamente), que serán utilizados en la construcción de la primera línea del sistema Quitocables.

El proyecto de la Alcaldía busca conectar a los sectores La Roldós y La Ofelia, con una inversión de $ 44 millones, costo que será asumido por la ciudad.

Entre las calles San José del Condado y Fernando Daquilema se planea la construcción de la estación Mariscal Sucre que, según el proyecto, será multimodal (para varios tipos de transporte).

Para evitar que el Cabildo negocie individualmente con los afectados y  los divida, los vecinos declararon, a través de un documento notarizado, a Patricio Molina (vocero) como el procurador del barrio.

El documento otorga a Molina el poder para conversar a nombre de todos los involucrados.

Por ello, Molina solicitó a Alejandro Cassola, funcionario de la Empresa Pública de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), toda la documentación sobre el proyecto como condición para aceptar las boletas de notificación.

“Me pidió mi nombramiento, pero como llegaron de sorpresa, el documento estaba en la notaría. Recién hoy (ayer) le voy a enviar el documento físico a ese funcionario”.

Cassola, por medio de un mensaje de texto, insistió a Molina que permita el ingreso del equipo de Catastro a los 16 predios, “con las autorizaciones respectivas de cada propietario, puesto que de su informe técnico los actuales avalúos subirían”.  

Debido a las dudas que genera el procedimiento que prevé el Municipio, los afectados contratarán a un grupo de arquitectos certificados por la Superintendencia de Compañías, para que se encarguen de realizar un “avalúo real”. Ese documento será enviado al gobierno local.

María Vaca, dueña de uno de los predios afectados, denunció que la noche del miércoles habrían recibido amenazas de funcionarios municipales, frustrados por no haber realizado su labor.

“Nos dijeron que si no cogíamos la boleta de expropiación, nos iban a seguir un juicio por rebeldía”. Molina corroboró estas denuncias y dijo que, a pesar de las amenazas, no cederán.

Los afectados por las expropiaciones pretenden negociar directamente con el alcalde Mauricio Rodas para exponerle sus puntos de vista y propuestas de alternativa.

No obstante, Molina abrió la posibilidad de que en la negociación con el Alcalde se pueda establecer un valor económico por los 16 predios afectados. “No aceptamos reubicaciones, no aceptamos terrenos a cambio, aceptamos el dinero en efectivo, que es el precio a nuestra lucha y a nuestro sacrificio. Estamos precautelando nuestro patrimonio”.

EL TELÉGRAFO intentó hablar con Darío Tapia, secretario metropolitano de Movilidad, para clarificar el procedimiento; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no recibimos una respuesta.

El proceso también debe efectuarse en La Roldós. Ramón Pinargote, gerente de la cooperativa de vivienda, dijo que todavía no han sido notificados por el Cabildo. (I)