El lunes pasado, el alcalde Mauricio Rodas negó, en entrevista con Teleamazonas, que Jacobo Sanmiguel haya actuado como asesor ad honorem de su administración.
“Esa persona, a la que se están refiriendo no ha sido jamás mi asesor (...). Y jamás ha participado en negociaciones del Metro de Quito”, aseguró en Teleamazonas.

La asambleísta María José Carrión (Alianza PAIS), presidenta de la Comisión de Fiscalización del órgano legislativo, puso en duda dicha versión este miércoles.

En rueda de prensa, Carrión mostró documentos migratorios que probarían que Rodas y el actual candidato a legislador alterno por CREO-SUMA de Tungurahua viajaron a Brasil días después de que Quito lo eligió como alcalde.

Rodas se desplazó a ese país el 15 de marzo de 2014. Allí, según información oficial, visitó Río de Janeiro y Curitiba y se entrevistó con sus alcaldes.

Según Carrión, Sanmiguel declaró a Migración que el destino final de su viaje, el mismo 15 de marzo, era Lima (Perú).

Sin embargo, en un registro de salida desde Brasil que exhibió ayer Carrión se muestra que el 20 de marzo partió de allí en el vuelo JJ8112 con destino a México. Rodas tomó el mismo vuelo y juntos retornaron a  Quito el 23 de marzo, según los informes migratorios.

La Alcaldía de Quito aceptó ayer en un comunicado,ambos desplazamientos de Rodas. Y sin mencionar al exconcejal de Ambato, reconoció también que aquel estuvo en el grupo que lo acompañó.

“Este viaje lo realicé acompañado de un concejal que también acababa de ser electo en su ciudad y de dos profesionales que posteriormente serían designados funcionarios de mi administración municipal”, señala el documento.

Carrión recordó la información publicada en los últimos días por el Gobierno Nacional respecto a movimientos financieros de Sanmiguel en los últimos años por un monto de aproximadamente $ 30 millones.

El tema guarda relación con las alarmas desatadas en torno a la contratación de la Fase II del Metro de Quito, obra asignada en octubre de 2015 al consorcio Acciona-Odebrecht.

Esto tiene como antecedente la revelación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, a finales del año pasado, de que ejecutivos de la constructora brasileña habrían pagado sobornos en años pasados a funcionarios públicos en América Latina a cambio de contratos.

En Ecuador, las coimas pagadas entre 2007 y 2016 habrían ascendido a $ 33,5 millones y habrían permitido a Odebrecht hacerse con negocios por $ 116 millones.

El Concejo Metropolitano pidió reiteradamente al alcalde que revele detalles de las conversaciones entre el Cabildo y el consorcio constructor antes, durante y después de la adjudicación y firma del contrato del proyecto.

Se espera que Rodas satisfaga estas inquietudes en el informe que rendirá al Concejo Metropolitano, a partir de las 10:00 de hoy.

Sobre las presunciones de irregularidades en la asignación de la obra del Metro, la asambleísta de AP mencionó ayer la compra de una propiedad en el sector de Cumbayá por parte del alcalde luego de su elección y alrededor de la época de su viaje a Brasil.

La legisladora citó documentos de la compra del inmueble, de 1.171 metros cuadrados (m²) y una construcción de 342,96 m², según los cuales Rodas y su esposa pagaron $ 370.000.

El avalúo municipal del bien está fijado actualmente en $ 257.648, de acuerdo con datos que constan en el portal web del Cabildo.

Sobre el origen del dinero, el comunicado del Municipio señala: (...) la misma (propiedad) fue adquirida con recursos propios, provenientes de ahorro personal, así como de un préstamo temporal que me efectuaron mis hermanos de una inversión bancaria que manteníamos en conjunto desde el año 2002. Préstamo que cancelé apenas se vendió mi departamento en la ciudad de México, donde, como es de conocimiento público, residí durante unos años”.

Ayer, casi todos los medios de Ambato buscaban a Sanmiguel. Su celular estaba apagado y en las sedes de SUMA y CREO nadie aceptaba pronunciarse al respecto.
EL TELÉGRAGO incluso acudió a su domicilio ubicado en el sector de Ficoa, pero nadie respondió a los llamados.

En la capital tungurahuense, Jacobo Sanmiguel Mantilla es considerado un personaje político sagaz.  Quienes lo conocen lo definen como un hombre cordial, diplomático y muy astuto en su desenvolvimiento.

A ello se atribuye que haya ocupado los cargos de diputado, concejal, presidente provincial del Movimiento Sociedad Unida Más Acción (SUMA) y, actualmente, aspirante alterno a la Asamblea Nacional.

“Siempre estaba involucrado con política y negocios. Eso le ha permitido volverse un hombre de confianza para determinadas autoridades”, dijo Robinson Loaiza, concejal ambateño por Alianza PAIS (AP).

“Jacobo saltó a la vida política activa como diputado socialcristiano con Luis Fernando Torres. Posee carisma y no tiene inconveniente en ir a los mercados y saludar y repartir abrazos a los comerciantes”, explicó Víctor Hugo Jaramillo, exrector de la UTA.

El 8 de noviembre de 2016, cuando Sanmiguel renunció a la concejalía ante la posibilidad de que se lo considerara como candidato a la Asamblea por el acuerdo SUMA y CREO, Luis Amoroso, alcalde de Ambato, fue uno de los primeros en estrecharle la mano.

Entre tanto, los concejales de AP en Quito esperan que la sesión extraordinaria de hoy dilucide de una vez por todas la relación del Metro con el escándalo de Odebrecht.

El edil Carlos Páez apuntó que las declaraciones dadas ayer por Carrión “tratan sobre un tema muy grave que merece ser investigado por las autoridades competentes”.

Añadió que esa es la razón por la que se pide que se transparente cómo se dieron las conversaciones informales con Odebrecht antes de la firma del contrato, quiénes participaron, en qué calidad lo hicieron y los acuerdos logrados. (I)

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Congreso llamará a Toledo y García

Dos expresidentes de Perú serán investigados

El pago de sobornos de Odebrecht a funcionarios públicos de Perú da un nuevo giro al sumarse a las investigaciones la compañía Camargo Correa Ingeniería y Construcción.

Ayer el Ministerio Público de Perú dispuso el congelamiento de las cuentas de esta empresa en el país. Es la primera medida de este tipo desde que se conoció la red internacional de sobornos.

Al menos 40 altos funcionarios de Camargo Correa negociaron con la justicia brasileña a cambio de beneficios penitenciarios, si daban detalles de las “propinas” otorgadas en Perú.

La firma participó sola o como parte de consorcios en la construcción de, al menos, siete infraestructuras a nivel nacional. La más grande, el Tramo 4 de la carretera Interoceánica.

Del proyecto se desprenden las primeras pruebas halladas por la justicia brasileña. El dinero salió de Brasil hasta el Ocean Bank (Florida, EE.UU.) para luego  efectivizar un depósito de $ 55 mil a allegados de Juan Sarmiento Soto (+), ministro de Vivienda en el segundo gobierno de Alan García.

Como resultado de la operación Castillo de Arena, en la que la policía federal siguió y detuvo a altos funcionarios de Camargo Correa, se obtuvieron evidencias de nuevos implicados. Una USB incautada a un exasesor de la constructora tiene planillas de pago con los apellidos ‘Toledo’  y ‘García’ como justificación de obras en la Interoceánica.

Por esa vía habrían concretado pagos por $ 91 mil a Josef Mainamn, amigo cercano del exmandatario Alejandro Toledo.

La comisión especial integrada en el Congreso pedirá de 60 días más para investigar y convocar a Toledo y García. (I)