Resta por regularizar el 25% de zonas informales

Marco Sarabia ‘baja’ —como él mismo señala— todos los días desde su vivienda ubicada en el barrio Atucucho (noroccidente) a ‘la ciudad’ para dirigirse a su trabajo.

El sector en donde está su casa se asienta por sobre los 3.000 msnm (metros sobre el nivel del mar) y las condiciones allí son todavía difíciles, aunque han mejorado.

Sarabia lo sabe pues cuando llegó en 1990, “las cosas eran bien fregadas”, comenta. Llegar o salir del barrio era una odisea. No había agua ni alcantarillado y la mayoría de las calles eran apenas un trazado.

“En los últimos años, sin embargo, las cosas han cambiado, empezando porque tenemos escrituras y eso nos asegura para dejar algo a nuestros hijos”, indicó.

Atucucho, al igual que otros 507 sectores del Distrito, forma parte de la historia de crecimiento explosivo y desorganizado que experimentó la ciudad en las décadas de 1970 y 1980 y que generó la proliferación de asentamientos informales.

La mayoría de dichas zonas, entre las que se cuentan El Comité del Pueblo, La Roldós, Pisulí y Camal Metropolitano, nacieron como producto de la acción de traficantes de tierras. Estos promovieron invasiones, en unos casos; y, en otros, vendieron predios que no eran de su propiedad.

Esta situación provocó desde enfrentamientos entre facciones contrarias —que incluso, costaron vidas como en la zona Roldos-Pisullí—, pasando por inseguridad jurídica pues la gente no era la legítima dueña, hasta el establecimiento de condiciones de vida denigrantes debido a que al ser zonas no legalizadas, no contaban con acceso mínimo a los servicios básicos.

Debido a esto, según el censo de 2010, solo el 49% del territorio quiteño era una zona consolidada.

Y por eso, el Municipio capitalino emprendió durante los pasados 5 años el programa denominado ‘Regula tu barrio’. A través de él se ha logrado, hasta ahora, la legalización de 298 asentamientos, que corresponden a alrededor del 75% de la meta proyectada (400).

Y a partir de la formalización, la Municipalidad ha podido apoyar en la obtención de escrituras; destinar presupuesto para obras de infraestructura como agua potable, alcantarillado y electricidad, y del mismo modo, los habitantes se han convertido en sujetos de crédito para el mejoramiento y readecuación de sus casas.

Algunas zonas, sin embargo, no entrarán en el proceso puesto que están en áreas de riesgo frente a desastres o en sitios destinados como cinturones ecológicos.

Adicionalmente, la Alcaldía estableció una moratoria para el crecimiento horizontal del casco urbano, fijando los límites en los actuales sectores de Guamaní y Quitumbe, al sur, y Carapungo al norte de la urbe.

Este tipo de medidas, de acuerdo, con el Plan de Desarrollo 2012-2022 tienen como objetivo “normar y regular el régimen de uso de suelo y urbanístico y ejercer el control sobre el uso y la ocupación del suelo”.

Propuesta parecida a la del borrador de la Ley de Ordenamiento Territorial y Gestión del Suelo, planteada en la Asamblea. Esta sugiere, entre otras cosas, fortalecer a los municipios con herramientas para controlar el uso del suelo, además de clarificar competencias y articular planes. El planteamiento ha generado reacciones.

Una en sentido negativo, la manifestó el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot; y otra, probablemente en el mismo sentido, se prevé que la dé a conocer hoy el futuro alcalde quiteño, Mauricio Rodas, en el sector La Villaflora, desde la 10:00.