Tras las reacciones de rechazo al operativo de control emprendido por el intendente general de Policía de Pichincha, Fausto Velásquez, el pasado jueves, en La Mariscal, el gerente técnico de la empresa Quito Turismo, Patricio Gaybor, exhortó a que estas acciones se coordinen entre las entidades municipales, policiales y ministeriales, para evitar que se desconozcan las respectivas facultades que la ley les otorga.             

“Hacemos controles de permisos de funcionamiento, de que se esté vendiendo; por ejemplo si es que es un bar restaurante, tiene que ser de comida y no licores, o sea son operativos de rutina”, dijo Velásquez. Él se basa en el Decreto Supremo 3310-B de fecha 8 de marzo de 1979, que señala que las Intendencias Generales de Policía a nivel nacional se encargarán de otorgar los Permisos Anuales de Funcionamiento (P.A.F.), según el Art. 29, en el que se especifica, entre otras cosas, que los restaurantes y lugares donde se consuman alimentos o bebidas alcohólicas y que están sujetos al pago del Permiso de Funcionamiento, deben obtener este permiso otorgado por las Intendencias Generales de Policía de cada provincia.

Pero, casi treinta años después, como consta en el Registro Oficial 543, del 14 de marzo del 2005, se firmó un Acuerdo entre el entonces Ministerio de Gobierno y Policía, y el Ministerio de Turismo, en cuyo artículo 2, se establece que “le corresponde al Ministerio de Turismo otorgar la licencia única de funcionamiento para el ejercicio de las actividades turísticas previstas en el Art. 5 de la Ley de Turismo, en concordancia con los artículos 41 y siguientes del reglamento general de aplicación de dicha ley. Es competencia de las intendencias generales de Policía otorgar los permisos de funcionamientos a todos aquellos establecimientos en los que se consuman alimentos y bebidas alcohólicas que no se consideren turísticos, de conformidad con la Ley de Turismo”.

En La Mariscal, como en muchos otros espacios de la ciudad y de la provincia, los locales de expendio de alimentos y bebidas, bares y discotecas, etcétera, ofrecen servicios turísticos, por lo tanto, según la legislación vigente, la Intendencia no tenía la facultad para llevar a cabo estos operativos.

Los funcionarios municipales se adhirieron a los reclamos de clientes, dueños y empleados de los locales que rechazaron el uso de la fuerza que fue evidente en el operativo, tal como lo muestran videos que circulan en redes sociales. Cuando este Diario consultó a Velásquez al respecto, éste respondió: “Nadie ha sacado a la fuerza a nadie, usted está tergiversando las cosas, a mí no me gusta trabajar con gente que tergiversa las cosas. No hubo tal,  con gente que tergiversa las cosas yo no converso”.

Gaybor, quien estuvo presente en las acciones del jueves, dijo que hubo “un exceso completo de fuerza”, y se mostró “totalmente en contra de cualquier operativo que no tenga coordinación con el Municipio de Quito (...) No estamos de acuerdo con las actitudes y las formas como se trata de controlar los establecimientos, no puede ser posible que tengamos operativos de grupos de la Policía fuertemente armados que ahuyentan al turista”.

Gaybor exhortó a la Intendencia para que los controles sean coordinados con Quito Turismo, con la Gerencia de La Mariscal y las comisarias municipales. “El Intendente no es un dueño de hacienda, tiene que entender que hay otras instancias y autoridades que regulan y controlan”, dijo el funcionario.