Predio donde funcionaba al sede del ex Frente Radical Alfarista (FRA) se revierte al Municipio de Quito
Una inspección efectuada hoy martes por la Agencia Metropolitana de Control de Quito y la Dirección Metropolitana de Gestión de Bienes Inmuebles, permitió identificar que el predio que había sido donado por el Municipio a la ahora la desaparecida agrupación política Frente Radical Alfarista (FRA), incumplía con cláusulas de la escritura pública y que en vez de ser ocupado como sede partidista había sido arrendado para que funcionen dos locales de expendio de bebidas alcohólicas.
Dicho inmueble, ubicado al norte de la capital, fue donado a fines de 1981 al FRA, pero por incumplir con lo estipulado será inmediatamente revertido al Cabildo, ya que se determinó que fue arrendado para que funcione un karaoke, al que se le cobraban $ 250 mensuales, y a un bar que en cambio pagaba $ 600 al mes. En los dos locales se expendía licor, lo cual contraviene la clásula que señala que allí debía funcionar única y exclusivamente la sede del partido político.
Esto ocurre luego de que, asimismo, el 16 de julio pasado, una inspección de la Agencia Metropolitana de Control permitió identificar que la Izquierda Democrática (ID) incumplió con las cláusulas de la escritura pública mediante la cual el Municipio donó a ese partido político el lote donde ahora tiene su sede. Por ello, el inmueble también sería revertido al Cabildo.
La donación se efectuó en 1980 y estipulaba que la municipalidad, en ese entonces liderada por Álvaro Pérez Intriago, daba en perpetua donación 669 metros cuadrados del terreno ubicado en las avenidas Eloy Alfaro y Polonia, en el norte de Quito. Allí, la ID tenía que construir el edificio, en máximo 5 años, para el funcionamiento de su sede social. Según la cláusula tercera, el partido político no podía dar en arrendamiento o enajenar la propiedad, pues el uso era exclusivo para su sede.
Sin embargo, durante la inspección se verificó que tenían arrendados tres de los cinco pisos, a dos empresas (Estelecom y Metrocom) y a la fundación Coaching Empresarial, que supuestamente es sin fines de lucro, la última de las cuales pagaba $550 mensuales por el alquiler, que habría sido firmado en 2010 entre Dalton Bacigalupo y los arrendatarios.
Con ello se habría incumplido con la cláusula que estipulaba que la ID tenía que ser “el único y exclusivo propietario y poseedor del inmueble.
