Los moradores del sector El Beaterio, en el sur de Quito, que desde hace varios años habitan en la franja de seguridad alrededor de las bombonas de almacenamiento de gas de la empresa pública Petroecuador, serán reubicados por disposición del Municipio de Quito.    

El proceso tomará alrededor de un año y costará cerca de 9,4 millones de dólares, monto que será financiado completamente por la petrolera estatal.  

El propósito es evitar un accidente masivo que afecte a los barrios Estella Maris, Jesús de Nazareth, San Blas Uno y Caupicho Dos, por su cercanía a las instalaciones altamente inflamables. En total, 220 familias serán reubicadas. 

Los moradores del barrio Estella Maris serán los primeros en dejar sus viviendas y es posible que sean trasladados al  sector El Troje, también en el sur de la ciudad, explicó Lourdes Rodríguez, secretaria General de Seguridad y Gobernabilidad de Quito.  

Los moradores de la zona aceptaron la reubicación y demolición de sus viviendas tras comprender el riesgo que corren sus familias. No obstante, confían en que las nuevas viviendas que les provea la Municipalidad y Petroecuador sean semejantes, en espacio y estructura, a las que ellos levantaron con tanto esfuerzo, manifestó Jorge Sevilla,   morador del barrio Estella Maris.  

Enma Lombeida, presidenta de la ciudadela, indicó que la Alcaldía se comprometió a entregar casas semejantes a las que poseen, pero comentó que ella y sus vecinos no se sienten en peligro: “el sector es muy tranquilo y nunca nos pasó ninguna desgracia”. 

Mediante un convenio entre Petroecuador y la Municipalidad, la empresa de hidrocarburos se comprometió a financiar la totalidad del proyecto con la finalidad de delimitar un área de 100 metros entre el sitio de almacenamiento de gas y las viviendas aledañas, que corresponde a la franja de seguridad del Terminal de Productos Limpios “El Beaterio”.   

El trabajo se realizará por etapas. La primera es la adquisición del terreno en donde se construirán las viviendas y  tendrá un costo de 707 mil dólares; en la segunda fase se realizarán los estudios de urbanización y la construcción de las viviendas para los habitantes del barrio Estella Maris, en donde se invertirán 5.9 millones de dólares; y en un tercer momento se construirán las casas para los demás barrios afectados y se demolerán las edificaciones  asentadas en la franja de seguridad. Eso tendrá un costo de 2,7 millones de dólares.

Los moradores han vivido en el sector por 20 años. El almacenamiento de combustibles dentro de las zonas urbanas constituye una amenaza de alto riesgo, especialmente para las familias asentadas alrededor. Las autoridades explicaron que los habitantes estaban expuestos a posibles explosiones e incendios masivos por fuga de gas; a un   derrame de combustible y almacenamiento de materiales altamente inflamables; y a la contaminación ambiental, todo eso provocado por roturas en tubos de conducción y filtración en tanques de almacenamiento por descargas eléctricas y cortocircuitos, explicó Rodríguez.

Augusto Barrera, alcalde de Quito, explicó que esta es una problemática heredada desde hace varios años y que al fin se alcanza una solución, además se realizará una transferencia de dominio para que Petroecuador maneje la franja de seguridad. 

El gerente de Petroecuador, Marco Calvopiña, explicó que hace 20 años la empresa tenía una franja de seguridad que fue invadida por construcciones en los alrededores. La delimitación de ese espacio es parte del compromiso que tiene la empresa ante la comunidad para realizar un trabajo seguro y “ser buenos vecinos”. La  inversión en este proyecto “nos dota de suficiente tranquilidad” para proteger nuestras instalaciones y su entorno.