La empresa española Acciona y la brasileña Odebrecht se contradijeron este viernes sobre la permanencia o no de esta última en el consorcio que construye la Fase II del Metro de Quito.

Mientras el director de Desarrollo Corporativo de la firma ibérica Juan Muro-Lara, dijo a periodistas esta mañana en Madrid que la empresa estaba dando los pasos legales necesarios para completar la salida de Odebrecht del consorcio", la compañía brasileña emitió más tarde un comunicado en el que asegura que el procedimiento está detenido desde el 4 de abril pasado.

Esa fecha, Odebrecht envió un comunicado a su socio español anunciándole su intención de permanecer en el grupo constructor del subterráneo quiteño, a pesar de que ambos solicitaron la autorización para el cambio en octubre pasado al Municipio de Quito.

El procedimiento fue sometido a consideración de los 4 multilaterales que financian la obra de casi $ 1.500 millones y estos respondieron afirmativamente el mes pasado. Tras esto, la Alcaldía de la capítal ecuatoriana emitió la autorización para que se efectúe la separación.

El 18 de abril, sin embargo, la empresa originaria de Brasil envió un comunicado al Cabildo quiteño en el que le comunica también su deseo de continuar en el proyecto.

Esto ocurre mientras Acciona venía ejecutando desde octubre prácticamente en solitario los trabajos, que no se han detenido, e incluso se habían dado pasos en concreto para la transformación, como el cambio de algún personal en puesto clave dependiente de Odebrecht y la transmisión del sistema administrativo de los trabajos para su manejo por parte de la empresa española.

Durante un informe sobre el estado del proyecto, el gerente de la empresa Metro de Quito, Mauricio Anderson, y el alcalde Mauricio Rodas señalaron que pedirán a los integrantes del consorcio constructor información sobre el estado de las relaciones entre ambos socios. Hasta la fecha, sin embargo, no se conoce de alguna respuesta sobre este tema.

Por otra parte, el procurador (abogado) del Municipio de Quito, Gianni Frixone, dio a entender que las posibilidades del ayuntamiento de obligar a una definición por parte de los constructores es prácticamente nula. Algo que el alcalde Rodas ha ratificado en declaraciones y comunicados al decir que el cambio del consorcio corresponde a un acuerdo entre privados. (I)