Alrededor de 80 comerciantes minoristas que trabajan en las calles aledañas al Mercado de San Roque, en el Centro de Quito, ayer suspendieron sus ventas. Un grupo de más de 15 policías metropolitanos realizaron un operativo de control de ventas ambulantes.  

Según los comerciantes, a las 05:30 los gendarmes se ubicaron en  la calle Quiroga, que conecta a la calle Rocafuerte con el mercado, para  restringirles el paso. Eso provocó una discusión entre policías y vendedores, pero no hubo decomisos de mercadería ni detenciones.

María Ortega, presidenta de la Federación Nacional de Comerciantes Minoristas del Ecuador (Fenacomi), comentó que luego de  2 horas de diálogo con el personal del Municipio que dirigió el operativo se llegó a un acuerdo y evitaron los enfrentamientos.

El acuerdo fue que mañana los comerciantes se reúnan con Gabriel Toapanta, jefe de Espacio Público de la administración Zona Centro, para definir su situación, pues afirman tener los permisos para laborar en el sector y tampoco se oponen a la reubicación en un mercado.

Rosario Collaguazo, presidenta de la Asociación de Comerciantes Minoristas de San Roque, mencionó que el permiso de trabajofue otorgado por el director de mercados de Quito,  Marco Murillo, por lo que no comprenden de dónde vino la disposición de retirarlos.  

Collaguazo y sus compañeros piden que el alcalde Mauricio Rodasles permita laborar, pues la mayoría son adultos mayoreso presentan una  discapacidad.

Ellos ofrecen prendas usadas desde 10 centavos de dólar, juguetes deteriorados, zapatos de segunda mano, entre otros artículos. “Los policías son prepotentes, violentos y desconsiderados. De esto vivimos, de este trabajo depende mi familia”, dijo Luz Tipantuña (77 años).

También están de acuerdo con la reubicación, pero les piden considerar un espacio seguro y donde puedan vender sus productos. “Nosotros trabajamos solo 2 días a la semana en este lugar, tenemos un permiso y debe respetarse. No nos oponemos al diálogo con las autoridades”, dijo Víctor Columba (52).

Al respecto, la concejal Soledad Benítez explicó que el Concejo Metropolitano trabaja en la reforma a la Ordenanza 280 (sobre comercio autónomo) para viabilizar la legalización, el no uso de la fuerza en los operativos de control y eliminar los decomisos para garantizar su derecho al trabajo.

El proyecto iría a primer debate en 15 días, pues las  Secretarías Metropolitanas de Educación, Territorio y de la Agencia de Coordinación Distrital de Comercio (ACDC) ya enviaron sus informes.

En Quito existen 6.500 comerciantes  autónomos legalizados, tras un proceso que comenzó en 2011.  La legalización les permite ocupar  un espacio en la vía pública y tener varios procesos de capacitación.

Según la ACDC, hasta diciembre se otorgarán y renovarán  9.947 permisos. La cifra surgió de un censo elaborado por las 8 Administraciones Zonales. Andrés Zúñiga, coordinador de la  entidad, dijo que desde octubre se brindará capacitación a los comerciantes, un requisito para la legalización.