Lili (nombre protegido) es una mujer trans, que trabaja en el sector del Centro Histórico de Quito. Hace dos años dejó su natal Orellana, pues su familia no aceptaba su identidad sexogenérica.

A los 21 años se visibilizó como mujer trans, su cabello es largo y rubio, su rostro es delicado, el color de sus ojos es verde y en sus labios utiliza un tono rosa pastel.

Lili sueña con cursar la universidad, pero se enfrenta a un problema, pues en su título de secundaria consta su nombre de acuerdo con su sexo biológico y no de género.

“Quiero que el Ministerio de Educación me ayude y cambie el nombre de ‘Pedro’ que está en el título por el de ‘Lili’ que es el de mi cédula de identidad; pero hasta el momento no he recibido ninguna respuesta”.

La Fundación Alfil, la mañana de ayer, presentó el informe sobre la situación de la comunidad Trans en Quito. El estudio tomó como muestra 84 casos que fueron denunciados al organismo durante 2018.

Rashell Erazo, presidenta de Alfil y miembro de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (Redlactrans), informó que actualmente existe un clima de tolerancia hacia la comunidad en Quito, sin embargo, aclaró que el estudio es un reflejo de lo que pasaría en el país.

El informe se centra en casos de violencia hacia este grupo. “Las mujeres trans por nuestra visibilidad somos la población que históricamente es más vulnerada”.  

El documento recoge casos de violación de derechos humanos en ámbitos de identidad de género, salud, situación de niños trans y denuncias de casos de violencia y discriminación.

Erazo indicó que aún no se considera la identidad de género de las personas trans en instituciones públicas, culturales y sociales; seis de cada 10 fueron discriminadas en el espacio público.

Para la activista, esta situación significa que existe un sesgo y discriminación que impide el ingreso de la población trans a espacios públicos y privados.

En el ámbito laboral, de justicia, educativo y salud - señala- se registran problemas de acceso. “En este último, no existen políticas públicas de atención para la transición corporal, esto provoca que muchas de las compañeras pongan en riesgo su vida”.

La transición corporal, según el estudio, es una de las causas de muerte más frecuente de las mujeres trans, incluso más que los hechos de violencia.

Educación e identidad

La mayoría de mujeres trans tienen un nivel bajo de escolaridad, así lo registra el informe; una de las causas sería la discriminación que empieza desde el nivel básico de educación, sobre todo, en aquellas poblaciones que sobrepasan los 50 años.

El 23% de la actual generación trans logra culminar estudios de tercer nivel y el 24% no lo hace.

El informe sugiere que la palabra género en la cédula de identidad sea universal y no optativa, para no estigmatizar a este colectivo que busca reconocimiento de sus derechos de identidad en condiciones de igualdad.

El derecho a la niñez trans

La comunidad pide que el Estado reconozca legalmente el género autopercibido por los niños y a la par se desarrollen normas legales que amparen el ejercicio de los derechos de los menores.

El primer caso de reconocimiento legal del cambio de género de un niño en su cédula fue el de Amada, de 9 años, que logró (junto a sus padres) que el Registro Civil cambie su identidad de género en el documento.

“Los niños trans siempre existieron, pero no fuimos visibles como ahora; en nuestra niñez no sabías cómo actuar o a quién recurrir por temor”, comentó Erazo.

En las recomendaciones del informe se menciona que la legislación debe pensar en el interés del niño y su adecuado desarrollo.

Voces de apoyo

Marlon Brito, secretario de Derechos Humanos, mencionó que uno de los temas alarmantes es que la esperanza de vida de una persona trans solo alcanza los 35 años.

Advirtió que la Secretaría junto con los miembros de política integral recogerán los comentarios y observaciones de la comunidad y el informe con el fin de defender los derechos del colectivo.

César Mantilla, secretario de Inclusión Social del Municipio de Quito, destacó el trabajo realizado por el cabildo durante los últimos tres años.

“Capacitamos junto con la Secretaría de Salud a empleados de los tres patronatos del Municipio para que brinden atención de calidad a las personas trans”.

Bibiana Aído, representante de ONU-Mujeres, fue consultada por este Diario sobre el tema. Ella indicó que las mujeres trans se enfrentan a múltiples discriminaciones  que requieren un tratamiento específico, pues los crímenes contra ellas son por género y transfobia.

“Se requiere de mayor protección para la víctima, el sistema tiene que responder en estos casos. Aún queda mucho por hacer a nivel estatal, educativo y de la sociedad en general”. (I)

Realidad
Escolaridad deficiente
El estudio 2016-2017 “Esperando la muerte” realizado en Ecuador indica que las mujeres trans tienen un índice de escolaridad muy bajo  y por la baja confianza en el sistema judicial solo se denuncia en el 46% las violaciones.

51 denuncias de vulneración de derechos recibió la Fundación Alfil en 2017, todas tenían un denominador común, discriminación sufrida.

Registro de identidad
Entre agosto de 2016 y junio de 2018, 974 personas optaron por el servicio de sustitución del campo “sexo” por el de “género” en la cédula de identidad, de acuerdo con el Registro Civil. (I)