Al grito de “Patrimonio”, “Patrimonio”, decenas de habitantes del sector de la avenida González Suárez, representantes de la red de barrios de la capital y de otras entidades, se manifestaron este martes 30 de julio frente al Hotel Quito en defensa del inmueble, considerado un ícono arquitectónico de la ciudad.

Los manifestantes exigen que la empresa que adquirió el hotel en 2016 mediante una subasta clarifique las intenciones de uso que tiene con la edificación.

Rocío Bastidas, vecina del barrio La Floresta y una de las dirigentes de la protesta, señaló que el despido de empleados del lugar de alojamiento, conocido hoy, permite pensar en la posibilidad del cierre del espacio.

Frente a esto, la empresa que maneja el hotel reiteró lo que ha manifestado desde la mañana respecto a que “todo rumor sobre su cierre o liquidación es falso”.

Y añadió que la desvinculación de empleados se produce debido a la suspensión de operaciones en las áreas en las que trabajaban como parte de un proceso de mejoramiento.

No obstante, Bastidas afirmó que consultaron en el Municipio sobre la existencia de permisos para las intervenciones en las áreas de restaurante y piscina que -según la firma dueña del hotel- empezaron a ser intervenidas hoy y tales autorizaciones no existirían.

Los vecinos temen que sean ciertas las versiones respecto a la intención de construir dos torres de edificios en el lugar, afectando el inmueble, uno de los íconos de la modernización arquitectónica capitalina.

Estas aseveraciones también fueron negadas este día, a través del comunicados, por la compañía que maneja el espacio inaugurado a principios de la década de 1960. Incluso señalan que dentro de poco anunciarán nuevos servicios para la ciudad y los turistas.

Germán Rodas, integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), estuvo en la manifestación como parte de los colectivos que apoyan la lucha del barrio. Manifestó que han pedido a la Contraloría que investigue las condiciones en que se efectuó hace tres años  la venta mediante subasta del inmueble, que pertenecía al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Según la abogada Andrea Sáenz, en el proceso se habrían cometido irregularidades tales como dar plazo en el pago del valor acordado para el cambio del dueño ($ 30,8 millones), cuando las bases de la subasta establecían que el pago debía ser de contado.

Por ello, manifestó Bastidas, la próxima semana presentarán un pedido a la Fiscalía para que investigue este tema. (I)