La jueza Fátima Llunda de la Unidad de Flagrancia dictó medidas alternativas contra 20 procesados por el delito de daño informático, informó la Fiscalía General del Estado, mediante un comunicado. 

La audiencia de formulación de cargos se desarrolló en la Unidad de Flagrancia en Quito. Los procesados supuestamente adulteraron datos en el sistema de matriculación vehicular para entregar certificados presuntamente fraudulentos.

Entre los detenidos se encuentran 3 jefes departamentales quienes habrían participado en el ilícito mediante la alteración del sistema para entregar certificados de revisión, pese a que los vehículos no se sometían al proceso de revisión vehicular.

De acuerdo al reporte, 13 de los detenidos laboraban en el centro de Carapungo; 5 en Guamaní y 3 en el Valle de los Chillos.

El pasado miércoles, la Fiscalía realizó un operativo simultáneo en dichos sitios junto con la Policía Nacional.

El proceso de revisión técnica vehicular se ejecuta en la capital desde 2003. En ese entonces, las empresas Danton S. A. y Consorcio ITLS ganaron la concesión para encargarse del procedimiento.
Las medidas establecidas por la magistrada consisten en la prohibición de salida del país y presentarse ante la autoridad competente, cada 15 días.

De acuerdo a la Fiscalía, los detenidos habrían favorecido a compañías de transporte público y privado a través de la modificación de datos de los vehículos que presentaban fallas para hacerlos pasar como en buen estado. Se desconoce cuántos vehículos obtuvieron el certificado de revisión de manera fraudulenta.

El fiscal del caso, Esteban Ballesteros, durante la audiencia de formulación de cargos presentó como elementos de convicción: pericias informáticas, autorizaciones de seguimientos vigilancias y escuchas telefónicas. A esto añadió versiones de otros funcionarios.

Las investigaciones se iniciaron en marzo del 2013, debido a las irregularidades presentadas en el sistema de matriculación vehicular.

En rueda de prensa, el coronel Silvio Dávila, director de la Policía Judicial del Distrito Metropolitano de Quito, mencionó ayer que directivos de las empresas concesionarias fueron quienes presentaron la denuncia sobre irregularidades en el otorgamiento de los certificados de revisión por parte de empleados.

Dávila indicó que las autoridades de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), entidad municipal que se ocupa del tema, deberán decidir si efectúan una auditoría para determinar los vehículos que obtuvieron el documento de manera irregular.

El delito de daño informático está tipificado en el artículo 415 del Código Penal anterior y sanciona con penas de 3 a 5 años de prisión cuando se refiere al servicio público. (I)