Cientos de taxistas se movilizaron este lunes, 26 de marzo, para expresar sus demandas, ya que consideran que hay servicio informal que les afecta. Llegaron desde el norte, centro y sur de la ciudad para reiterar su postura.

Los conductores marcharon por la avenida 12 de Octubre hasta la calle Colón, y siguieron hasta la Juan León Mera , donde se ubica el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MOTP).  En el lugar, los dirigentes presentaron un documento con pedidos puntuales.

Uno de los pedidos es que se dé baja a los servicios de Cabify y Uber, ya que cumplen sus servicios al través de aplicativos móviles contraviniendo la competencia leal para los conductores que operan en la ciudad desde hace 70 años en vigencia de los estamentos.

Carlos Brunis, dirigente de Unión de Taxistas de Pichincha, indicó que esas nuevas unidades ofrecen servicio a precios más bajos, generando una competencia desleal, además laboran sin las normas y habilitación legal.

Mencionó que esas unidades no trabajan en vigencia de las normas. Recordó que el artículo 386 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) exige a los conductores ofrecer el servicio con títulos habilitantes, algo que no están cumpliendo dichas operadoras.

La segunda demanda es sobre la instalación de las cámaras de seguridad que son monitoreadas por el ECU 911. A decir del dirigente, hay cientos de unidades legales que no cuentan con el dispositivo, pero no se les ha instalado. Su propuesta es que se habiliten talleres interprovinciales para que sean los taxistas los que coloquen las cámaras con el respaldo de mecánicas legales.

Brunis indicó que algunos compañeros han cancelado el valor correspondiente para que se les coloquen los aparatos, pero hace más de un año que no se les instala.

El dirigente señaló que continúa el proceso de selección y legalización de nuevas unidades. Indicó que el miércoles 28 de marzo culmina el ingreso de las carpetas para la legalización de unidades que está dispuesto por Ordenanza Municipal, luego está previsto un informe sobre la regulación de los vehículos.

Juan Pazos, director provincial de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), recibió a los dirigentes. Ingresaron al auditorio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) para exponer sus demandas.

Funcionarios de la cartera de Estado, delegados por el ministro, atendieron a una delegación de los taxistas, mientras que los restantes se ubicaron en los alrededores de la Juan León Mera, a la espera de las conclusiones. 

Después de más de una hora de reunión, el dirigente Carlos Brunis aseguró que los delegados de la Subsecretaría de Movilidad del  Distrito Metropolitano de Quito, del Servicio de Rentas de Internas (SRI)  y de la ANT escucharon sus planteamientos. 

Aseguró que las autoridades garantizaron que las modalidades de Uber y Cabify son ilegales y que no pueden  operar.

Añadió que los aplicativos móviles de las transnacionales fueron negados e indicó que se realizarán operativos de control fundamentalmente en los hoteles y centros comerciales, que son puntos en donde más se emplean estos servicios y que se emitirá un documento como medida para evitar la ilegalidad. 

Ese criterio fue corroborado por Pazos, quien reiteró que ambas compañías no tienen ninguna homologación de la ANT, por lo que hay una actividad ilegal. "Nosotros en ningún momento hemos dado autorización para que ninguna plataforma que no cumpla la Ley, como el caso de Uber y Cabify, tenga permiso para ser utilizada".

Según estimaciones del gremio, alrededor de 15 mil unidades circulan en Quito de forma irregular. 

Los dirigentes añadieron que  la próxima semana se espera que la próxima semana se inicien mesas de diálogo que serán coordinados por el Municipio de Quito. 

La ANT emitió un comunicado, a través de su cuenta de Twitter, con el cual recordó que las competencias son exclusivas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Sin embargo, la Agencia facilita el diálogo entre los gremios y el Municipio.  (I)