El proyecto de ordenanza cuyo debate inició el Concejo quiteño el pasado viernes establece la posibilidad de que 8.693 vehículos se incorporen al servicio de taxis en el Distrito (áreas urbana y rural).

Tendrán prioridad para integrarse al subsistema de transporte quienes participaron en el proceso de regularización ejecutado en 2011 y que por alguna razón no fueron incluidos.

También serán considerados de modo preferente los propietarios de vehículos que prueben con documentos que prestan el servicio, sin título habilitante, antes del 31 de diciembre de 2014.

La propuesta normativa establece: “los estudios para el dimensionamiento del parque automotor de taxis serán actualizados cada quince (15) años y sus resultados serán puestos en conocimiento del Concejo Metropolitano para su aprobación y posterior ejecución”.

Esto significa que una nueva consultoría que conlleve una nueva legalización de carros como taxis no podrá realizarse antes de 2032.

Esta propuesta modifica lo establecido en la Ordenanza 047 de abril de 2011, que determina que los estudios sobre oferta y demanda y las eventuales regularizaciones podían realizarse en períodos aproximados de 5 años.

Al final, la propuesta determina que hasta 15 días después de la vigencia de la ordenanza, la Secretaría Metropolitana de la Movilidad establezca plazos y cronogramas para la ejecución de lo que establece la propuesta de normativa.

Se estima que en el distrito se  realizan 226.000 viajes de taxi en días laborables, la hora de mayor demanda es de 07:00 a 08:00.

El informe que sirve de base para la ordenanza  determina que 16.024 taxis están regularizados y alrededor de 13.323 vehículos prestan  servicio sin autorización.

En las parroquias urbanas y rurales hay demanda, de cada 10 viajes, 5 son urbanos, 2 periféricos y 3 rurales.

La consultoría estableció que el taxi periférico no cumple su misión y sus operadores llegan al hipercentro y se quedan allí.

En el caso de taxis rurales, del 100% de viajes, el 80% sí llevan pasajeros en esa zona de Quito.

Dirigentes piden derecho a trabajo

El sistema conocido como taxirruta, que contempla la oferta del servicio desde un punto determinado de la ciudad hasta otro en automóviles, no está contemplado en el proyecto de ordenanza.

El secretario metropolitano de Movilidad, Darío Tapia, aseguró el viernes pasado: “El taxirruta no puede existir, sino que debe ser cubierto con transporte urbano”.

Quienes ofrecen esta forma de movilidad se muestran resignados a que no podrán continuar trabajando  de esa forma.

Un caso es el de los aproximadamente 400 integrantes de las compañías que conforman la Asociación Valle-Calderón.

Héctor Méndez, dirigente de la operadora que circula entre el parque La Carolina y el barrio Carapungo y viceversa, señaló que esperan poder integrarse al proceso de regularización este año.

Méndez indicó que trabajan en esa ruta más de 10 años, lo que los facultaría. El directivo resaltó su derecho a trabajar, pues todos tienen familia y obligaciones. (I)