Los vendedores ambulantes aún cuestionan la forma que la Policía Metropolitana hace cumplir la ordenanza  municipal.

La tarde del miércoles, por ejemplo, a Mireya Granda le retiraron su canasta de pan y los dos termos de  chocolate, mientras vendía en los alrededores de la Plaza de la Independencia, en el Centro Histórico.

Aún preocupada, contó que seis uniformados le indicaron que las ventas ambulantes están prohibidas en la zona y le decomisaron los alimentos. En el forcejeo, Mireya afirma, la agredieron y uno de sus termos se rompió.

El coronel Carlos Maldonado, director de la Policía Metropolitana, indicó que antes de decomisar los productos se hacen dos notificaciones previas (una verbal y otra escrita), pero la joven no recibió ningún documento en ese momento.

No obstante, el funcionario precisó que hay un registro de las ocasiones en que se le pidió  que suspendiera la actividad en el Centro Histórico hasta que legalizara su permiso.

La mujer reconoció que aún tramita su licencia para comercializar en la zona, pero cuestionó el procedimiento de los uniformados, puesto que  no era la primera vez que le retiraban sus productos y con ella coincidieron varios testigos.

Maldonado indicó que todo decomiso es filmado y fotografiado para, precisamente, corroborar que se haya cumplido el procedimiento. Aunque ese material, en este caso, aún no ha sido revisado, el coronel indicó que se aplicarán las sanciones correspondientes si se comprueba que hubo abuso de autoridad.

Además, informó que ayer la institución cubrió el valor del termo destruido en el decomiso y que la mujer fue notificada formalmente de que no podrá seguir vendiendo mientras no se regularice.

En lo que va del año, la Policía Metropolitana ha realizado 1.138 operativos en  el Distrito para regularizar el trabajo de los vendedores ambulantes, en los cuales se han efectuado varios decomisos.

Los productos decomisados, que no son perecibles, como coches, máquinas tragamonedas, ropa, ollas, cocinas, entre otros, son almacenados en  las bodegas de la institución hasta que el propietario pague la multa para que los retire.