El 8 de mayo de 2012, el exalcalde Augusto Barrera recibió los estudios de la primera fase del Metro de Quito de manos de Esteban Meléndez, gerente de la Unidad de Proyectos Exteriores del Metro de Madrid.

Los estudios de la Fase II, actualmente en ejecución, fueron entregados en agosto del mismo año.

Entre otras actividades, se hizo la topografía de casi 100 hectáreas, estudios sísmicos, exploración arqueológica y paleontológica de la línea del Metro y se identificó el estado actual de conservación de las edificaciones patrimoniales.

Para los análisis se invirtieron unos $ 20 millones, provistos por el Gobierno Nacional. Mientras que en los estudios de prefactibilidad se utilizaron $ 10 millones adicionales.

La licitación para la Fase I (paradas El Labrador y La Magdalena) arrancó el 10 de julio de 2012 y la obra fue adjudicada a la firma española Acciona, integrante del consorcio encargado de la segunda fase junto a Odebrecht.

La primera parte del sistema de transporte empezó a construirse en enero de 2013 y concluyó a finales de abril de 2015.

De la misma manera, el contrato para la adquisición del material rodante (trenes, vehículos auxiliares, repuestos, etc.) fue adjudicado al consorcio CAF Metro de Quito en julio de 2014 por $ 183,5 millones.

La concreción de la segunda parte del sistema de transporte resultó más complicada. Esto empezó con la campaña en contra del sistema de movilidad emprendida por el exconcejal Antonio Ricaurte, elegido como parte de la alianza SUMA-VIVE afín al actual alcalde, Mauricio Rodas.

Antes y después de las elecciones, Ricaurte criticó las previsiones presupuestarias de la Alcaldía de Barrera sobre el proyecto.

El político señaló constantemente que la obra costaría más de lo anunciado, que sería necesario subvencionar su operación y afirmó como “un secreto a voces”, que el proyecto terminaría siendo adjudicado a Odebrecht.

Anteayer, en una entrevista concedida al portal Ecuadorinmediato.com, dijo que el proyecto costaría $ 2.500 millones y no los $ 2.009 millones presupuestados actualmente para todo el sistema.

La Fase II implica la construcción del túnel de 22 kilómetros, el centro de control, talleres y 13 estaciones intermedias, entre otros elementos.

El contrato se adjudicó al grupo empresarial Acciona-Odebrecht por $ 1.538 millones el 27 de octubre de 2015, en la Alcaldía actual. Esto luego de que el Concejo Metropolitano aprobara el 31 de agosto de 2015 la contratación de un crédito adicional para la obra.

El préstamo por $ 440,19 millones permite completar la diferencia entre el presupuesto referencial que se manejaba en base de los estudios de Metro Madrid y la oferta del consorcio ganador.

El endeudamiento adicional fue aprobado con 19 votos y la oposición de 3 ediles. El concejal independiente Sergio Garnica fue uno de quienes se opusieron al incremento de la deuda municipal para la obra.

La semana pasada, Garnica reiteró su posición a EL TELÉGRAFO. Según el exintegrante de la coalición afín al alcalde Mauricio Rodas, la diferencia entre el presupuesto referencial y el valor final del proyecto debe ser explicado.

El exgerente de la empresa Metro de Quito, Édgar Jácome, sostuvo reiteradamente que la diferencia de precios obedece básicamente al aumento de los costos indirectos (ganancia, valor por riesgos, etc.) establecidos por los oferentes.

Estos rubros, según los cálculos realizados por Metro Madrid significarían $ 182,8 millones, pero la oferta ganadora los estableció en $ 432,8 millones, 2,3 veces más.

El aumento entre los $ 1.500 millones presupuestados inicialmente para el proyecto y los $ 2.009 que terminaría costando significa un incremento de alrededor del 33%.

El martes, Rodas dio a conocer los resultados de un examen especial realizado al proceso por la Contraloría el año pasado y que, según él, muestra una subvaloración respecto a los precios del mercado.

Ayer estaba prevista la realización de una sesión extraordinaria del Concejo Metropolitano para analizar este tema. El martes, los concejales del bloque de Alianza PAIS (AP) pidieron a la Fiscalía que ahonde sus indagaciones sobre Odebrecht.

La posición del Gobierno ecuatoriano frente a la constructora brasileña ha sido tajante. A ello respondió la expulsión de la empresa en 2008, mediante el Decreto Ejecutivo 1348, luego de comprobar desperfectos en la operación de la central hidroeléctrica San Francisco, un año después de ser inaugurada.

Al mismo tiempo se dispuso la terminación de todos los contratos que aún mantenía la firma en la central  hidroeléctrica Toachi-Pilatón, proyecto Carrizal-Chone, multipropósito Baba y el Aeropuerto de Tena, en razón de “evitar  así que se genere un estado de conmoción interna en el país”, sostiene el decreto 1348.

La situación incluso causó tensiones a nivel diplomático entre Ecuador y Brasil, luego de que este último país llamó a consultas a su embajador en Quito.

El retorno de Odebrecht se produjo dos años más tarde, en septiembre de 2010, bajo el compromiso de reparar las afectaciones reportadas en San Francisco, sin ningún costo para el Estado. A cambio, la Contraloría General del Estado desestimó las glosas que pesaban en contra de la empresa.

“Odebrecht regresó al país bajo las condiciones que les pusimos como Estado (...) Ganó los contratos por concurso y todas las obras realizadas por esta empresa están auditadas”, explicó el presidente de la República, Rafael Correa, durante el enlace ciudadano 506, del 31 de diciembre de 2016.

A partir de 2010, según datos del Ministerio de Energía, la constructora ejecutó cinco contratos con el Gobierno Nacional, dentro del área de sectores estratégicos: trasvase Daule-Vinces ($ 352 millones), hidroeléctrica Manduriacu ($ 183,27 millones), preparación de terrenos de la Refinería del Pacífico ($ 228 millones), Acueducto La Esperanza ($ 260 millones) y Poliducto Pascuales-Cuenca ($ 578 millones). (I)