La firma Odebrecht, acusada de crear una gigantesca red de corrupción en 12 países de América Latina, no es la única integrante del consorcio que construye el Metro de Quito en afrontar líos jurídicos.

Acciona, la otra integrante del grupo y la que quedaría al frente de la obra ante la anunciada salida de la brasileña, se ha visto implicada en varias investigaciones en España, su país de origen.

Los proyectos Zaragoza Plaza, Acuamed y varios tramos del tren de alta velocidad español (bautizado como AVE) son algunos casos en los que se ha visto implicada la multinacional.

El primero, según medios españoles, ha significado para la firma el pago de alrededor de $ 8,5 millones  en gastos de defensa jurídica de 2 de sus directivos.

En este caso, considerado el más importante en la región de Aragón, la justicia indaga desde 2013 el presunto desvío de $ 5,3 millones en las obras de urbanización de la Plataforma Logística Zaragoza-Plaza.

Los directivos de Acciona, según cita la prensa española de los documentos judiciales, inflaban las facturas por servicios no realizados, como estacionamiento, sistema de videovigilancia o excavaciones.

Sin embargo, el empleado que se encargaba de anotar las diferencias denunció estos hechos. En este y otros casos, la empresa ha dicho estar dispuesta a colaborar con la justicia.

El caso Acuamed involucra a exdirectivos de la empresa estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) y directivos de varias compañías, entre ellas Fomento de Construcciones y Contratos (FCC) y Acciona.

Los jueces los acusan de falsificación de certificaciones y liquidaciones con el fin de aumentar los pagos que recibieron las adjudicatarias de contratos de Acuamed.

A cambio de la asignación de los contratos, los magistrados españoles acusan a las constructoras privadas de otorgar favores, como viajes y en el caso específico del extitular de Acuamed Arcadio Mateo, un implante de pelo, según información de diario El Mundo.

El monto de estos sobornos alcanzaría los $ 2,6 millones.

La investigación se centró en 6 contratos que afectan al acondicionamiento del río Serpis, la laminación y mejora del drenaje de la cuenca de la Rambla Gallinera y el refuerzo de la red de abastecimiento de agua potable para los municipios de El Campello y Mutxamel.  

En cuanto a los hechos de presunta corrupción que se investigan sobre el AVE, la cadena noticiosa española SER daba a conocer el año pasado que el Administrador de Industrias Ferroviarias (ADIF) fue advertido en junio de 2013 por un adjudicatario “que en uno de los tramos del AVE de Murcia se estaba realizando un desfalco de alrededor de $ 2,1 millones.

El equipo de delincuencia de la Guardia Civil (Policía española) ha acusado a Acciona, Dragados S.A., Sacyr y a la Constructora San José S.A. de estar al corriente de “todas las maniobras de desvío de fondos (por parte de subcontratistas) porque, dada su magnitud, requerían de su conocimiento”.

Asimismo, la Policía y justicia españolas han investigado el desvío de alrededor de $ 9 millones en varias obras de la estación barcelonesa La Sagrera del tren de alta velocidad, según datos del medio catalán El Periódico y el sitio web Intereconomia.com.

El 27 de junio del año pasado, la Guardia Civil allanó las sedes de Acciona, en Madrid, y de ADIF, en Barcelona), además de detener a unos 15 ejecutivos y funcionarios.

La presunta red de corrupción habría pagado a varias constructoras los recursos desviados por obras no realizadas. (I)