La falta de rigurosidad con que los ecuatorianos arriendan una vivienda salió a flote cuando la Asamblea trató un reforma a la Ley de Inquilinato, pese a que el cuerpo legal fue vetado totalmente por el Ejecutivo. Ahora, tanto inquilinos como propietarios de inmuebles están atentos a la regulación que se aplique para esas transacciones.  

En un recorrido realizado por este diario en el sur de Quito, se constató en 10 casas renteras que solo cuatro tenían contratos legalizados en los Juzgados de Inquilinato. Las demás solo utilizan las plantillas de acuerdo que se venden en bazares y papelerías e, incluso, solo mantienen acuerdos verbales.

María Chicaiza, propietaria de una casa ubicada en La Ferroviaria, comentó que desde hace tres años decidió legalizar sus contratos con la asesoría de un abogado, luego de que un inquilino se fuera sin pagar la renta y los servicios básicos, a más de que las instalaciones quedaron en  malas condiciones.
Por otro lado, Sonia Torres, administradora de un inmueble ubicado en el sector

El Pintado, sostuvo que no se ha interesado en legalizar los acuerdos verbales con sus arrendatarios porque siempre se trata de personas conocidas o recomendadas por  algún familiar o amigo. “Yo generalmente me demoro en arrendar porque pido recomendaciones a los inquilinos”, indicó.

Solo en el Juzgado Tercero de Inquilinato de Pichincha  se registran al menos 50 contratos diarios, y en lo que va del 2013 tienen más de 2.500 legalizados. Para el jurista Joselo Pérez, la práctica de legalizar este tipo de convenios no es frecuente; sin embargo, su experiencia le permite concluir que la mayoría de quienes deciden registrar los contratos lo hacen porque ya tuvieron  problemas con inquilinos, son propietarios de locales comerciales o tienen parientes que son abogados.

Lo mismo ocurre con el registro de los predios para arrendamiento y con la fijación del valor mensual a pagar por los mismos, proceso que realiza el Municipio de Quito a través de la Oficina de Registro de Arrendamiento.

Esta dependencia está adscrita a la dirección de Avalúos y Catastros y, en promedio, registra  18 inmuebles diarios y 207 mensualmente. El tipo de bienes  que se registran es principalmente el de departamentos ubicados en la zona comercial.

El Municipio de Sangolquí (Rumiñahui) también cuenta con una dependencia similar, mientras que en Machachi (Mejía)  solo se realizan los trámites de avalúo de los predios a alquilar.

Por ejemplo, de los 10 inmuebles disponibles para arrendar en el sur de Quito, 8 no han registrado sus predios en el Cabildo. Pedro Murillo, propietario, señaló que no conocía del tema y que  el pago mensual que define para el arrendamiento de sus dos departamentos se fija de acuerdo a la oferta y la demanda.

Para el jurista Pérez es necesario difundir la existencia de la Oficina de Registro de Arrendamientos, pues “muchos se enteran cuando van a solicitar el avalúo de los predios”.  

En caso de un conflicto entre las partes, la ley establece varios mecanismos y motivos por los cuales se puede ir a juicio: si no paga la renta, por desahucio, por la devolución de la garantía, entre otros. Pero no siempre las partes recurren a aspectos legales para solucionar sus problemas.

Mariana Mejia, dueña de una casa en Carapungo, recordó que hace dos años -por  necesidad económica- rentó un departamento sin cerciorarse de que las personas a las que arrendó eran delincuentes, pero como no tenía un contrato, pidió el apoyo de la Policía para sacarlos de la vivienda.