Las fotomultas empezarán a regir en Quito desde el lunes
El próximo lunes empezará a regir de manera oficial en las vías de Quito el sistema de control electrónico conocido como fotomulta. El procedimiento consiste en la vigilancia de infracciones de tránsito a través del uso de 63 cámaras especiales instaladas en puntos estratégicos del Distrito.
Dichos equipos registrarán, en primera instancia, a través de 4 fotografías y un video, la invasión de los carriles exclusivos (trolebús, ecovía, metrovía y corredores), la ocupación indebida de los pasos zebra, el irrespeto de semáforos y de señales como pare y ceda el paso.
Darío Tapia, coordinador de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), anunció que probablemente a mediados de febrero se incluirá el exceso de velocidad entre las faltas que se controlarán de este modo.
El procedimiento se aplicará entre las 06:00 y las 21:30. Este último plazo se estableció, según la AMT, en base de criterios de operatividad y de seguridad, por el peligro que puede representar, por ejemplo, una detención larga frente a un semáforo en altas horas de la noche. En esos casos, lo que la autoridad recomienda es ser cautos a la hora de atravesar por cruces viales.
El dueño del vehículo que cometa cualquiera de las infracciones citadas será notificado a través de un correo electrónico y mediante una citación escrita del comisión de la misma.
Si el propietario del automotor vive dentro del Distrito, la boleta le llegará en un plazo de 48 horas y si el domicilio está ubicado en zonas más lejanas, la papeleta no debería arribar más allá de los 4 días posteriores a la falta.
En el documento constarán los datos de la infracción (lugar, fecha, tipo), del vehículo y del dueño del carro. Además, se incluirá una fotografía (la más clara) como prueba del suceso.
Tapia aclaró que se sancionará a los propietarios, porque no se tendrá constancia de la identidad de quién está conduciendo. Por ello mismo, las penas no incluirán reducción de puntos en las licencias de conducir, sino únicamente multas.
Tras la notificación del hecho, el ciudadano tendrá 3 días para impugnar la sanción.