Se cumplió un mes de la tragedia de El Troje que dejó sin agua a 600.000 quiteños y hasta hoy no se han determinado  responsables. La comisión conformada para investigar no actúa porque no se ha designado un presidente y la familia del obrero muerto no ha sido indemnizada.

Durante diez meses, 17 notificaciones ya alertaban sobre los riesgos de un deslizamiento de tierra en la escombrera El Troje, ubicada al sur de Quito, que hasta noviembre de 2017 trabajó sin licencia ambiental, ya que estaba en trámite en el Ministerio del ramo. Así se desprende en un informe de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Emgirs-EP).

Desde marzo de 2017, las empresas municipales ligadas con el tema intercambiaban oficios sobre los riesgos en el sitio de ‘nivel alto’ y ‘muy alto’, de deslizamientos y flujos de lodo en las partes altas donde se recibe el material proveniente del Metro de Quito (ver gráfico).

“La escorrentía (agua de lluvia que circula sobre el terreno) superficial del sector de El Troje es mayor y, por ende, puede generar posibles deslizamientos de la estructura y formar flujos de lodo de grandes proporciones”, destacaba otro documento.

Según la concejala Daniela Chacón, pese a las múltiples advertencias, no se siguió ningún proceso de control. “No existen documentos que demuestren que se tomaron medidas de mitigación, que se protegió el canal del Pita o que se dejó de colocar escombros en una zona que ya estaba evaluada con un alto riesgo de deslizamiento”.

En octubre del mismo año, el contratista, el Consorcio Troje-Oyacoto, emitió una alerta donde menciona que se reciben un promedio de 11.000 metros cúbicos de escombros, pese a que la escombrera tenía una capacidad de recibir 4.000 metros cúbicos diarios. “Casi cuadriplicamos la recepción de material”, añadió la concejala.

Sin embargo, Santiago Andrade, exgerente de la Emgirs, durante su intervención en sesión del Concejo Metropolitano de Quito, aseguró que el volumen no fue uno de los factores de la tragedia, pues dijo que había capacidad de alrededor de 1’700.000 metros cúbicos para llegar al límite de capacidad del tablado.

Por su parte, el concejal Carlos Páez indicó que si ya existía un sobrecargo en la plataforma, era necesario parar su funcionamiento. “Desde nuestro punto de vista, ahí existen fallas en la gestión. En nuestra lectura,  son decisiones de carácter administrativo que esta Alcaldía no las ha tomado”.

Dijo que la identificación del riesgo ha estado presente desde el inicio en que se decidió colocar ahí esas instalaciones: existía la constatación de que por el lugar cruza un canal que conduce las aguas del río Pita hacia la planta de Puengasí, una de las más importantes para la dotación de agua potable a la ciudad.

Según la información presentada por Andrade,  la mala distribución de los restos sería la causa del alud, sin embargo, las distintas notificaciones no llamaron la atención del Municipio y, por ende, no se tomaron las previsiones del caso.

Para Chacón, es importante, mas no primordial, el número de advertencias que se presentaron. “Podemos tener 17, 20, 25, 30 alertas, pero si todas son cartas por escrito donde no existe una acción específica que dé una consecuencia real de qué decisiones estén tomando para impedir una tragedia como la que ocurrió, entonces esos avisos no son suficientes”.

Según los concejales consultados, la falta de medidas adoptadas por parte de la Emgirs frente a los posibles riesgos de alud lo convierte en uno de los responsables de lo sucedido, no solo por ser administrador del contrato sino también su fiscalizador.

La Unidad de Investigación de los Medios Públicos solicitó entrevista con Andrade, pero no hubo respuesta. Durante el enlace radial del pasado miércoles, el alcalde Mauricio Rodas confirmó cambios en las gerencias de las empresas municipales, entre ellas, Emgirs.

La comisión conformada para investigar no inicia su trabajo
El Concejo Metropolitano decidió conformar una Comisión Técnica de fiscalización en la que participan cinco concejales, que con la ayuda de expertos externos tiene la misión de determinar las responsabilidades del caso.

Sin embargo, hasta el momento del deslizamiento la Emgirs cumplía el papel de juez y parte. Según Chacón, no puede ser la misma empresa quien se evalúe sus propias acciones.

Sin embargo, a un mes de la tragedia, la Comisión aún  no puede funcionar, según indicó el concejal Luis Reina. “Hasta el momento no se ha podido designar el presidente; el Alcalde tiene la precaución de poner a alguien de sus filas. ¿Por qué?,  ¿para qué?, son las preguntas”.

Entre las responsabilidades de la Comisión está identificar por qué las entidades municipales no tomaron en cuenta las advertencias y especialmente si hubo un mal manejo de la escombrera al no realizar las obras de mitigación a tiempo.

Además investigará el trabajo que lleva adelante el consorcio El Metro, especialmente la calidad de los escombros que entregaban a El Troje, así como su proceso de secado, el cual no se habría cumplido, pues la tierra lodosa no sería colocada en los cubetos para someterse a su secado sino que era depositada directamente a la zona colapsada, según incluso lo denunciaron en junio pasado miembros de la Asociación de Volquetas, quienes también advertían acerca del depósito directo de los lodos.

La Comisión ha solicitado información sobre las condiciones del contrato entre la Emgirs y el consorcio encargado de la excavación del Metro de Quito. “No tenemos información de cuánto pagó el Municipio a Acciona-Odebrecht por los lodos, desde las excavaciones del Metro a las escombreras y quién asume el secado para que después vaya al lugar de disposición final”, indicó Reina.

Otro punto de estudio son las razones que llevaron a colocar la escombrera en ese lugar. En 2015, el arqueólogo Eduardo Almeida Reyes realizó varios estudios sobre el tema, la consultoría concluyó que no era factible ejecutar el proyecto porque el terreno tenía sensibilidad arqueológica alta, donde se encontrarían vestigios de Qhapaq Ñan.

Para Chacón es importante también tener un peritaje de la documentación. Resaltó que “no se entiende por qué hay una documentación tan insistente unos días antes, cuando no pasó nada en meses. A mí sí me causa sospecha que durante meses no hacemos nada, solo los últimos días insistimos y luego viene la tragedia”.

La Comisión, supuestamente, iniciará su trabajo a partir de este mes de enero con la ayuda de los técnicos, pues ya existe un convenio con el Colegio de Ingenieros Ambientales de Pichincha y se espera tener resultados en el transcurso del primer trimestre de este año. (I)

Familiares del fallecido aún no reciben la indemnización

El acceso a la escombrera permanece cerrado desde que se produjera el alud el pasado 6 de diciembre, cuando Quito celebraba sus fiestas. Foto: Álvaro Pérez / EL TELÉGRAFO.

El deslizamiento de tierra en el Troje 4 dejó como víctima a Humberto Taboada, de 58 años de edad, quien trabajó durante 10 meses como operador de equipo pesado en la constructora Álvarez, empresa que forma parte del Consorcio Troje-Oyacoto, encargada de la escombrera.

Guido Taboada, hermano de la víctima, dijo a los Medios Públicos que se trataba de un profesional con casi 38 años de experiencia y su labor consistía en manejar un tractor oruga que empujaba los escombros provenientes del Metro de Quito.

Humberto era casado y tras la tragedia dejó en la orfandad a una niña de 11 años y sin fuente de recursos a su esposa.

Guido recordó que a las 04:00 del 6 de diciembre recibió una llamada, en la que le informaron que su hermano estaba desaparecido. Cuando llegó al lugar, las labores de búsqueda de los mismos compañeros de trabajo ya se habían iniciado.

Al segundo día fue hallado el cuerpo. Lo trasladaron al cantón Píllaro, en la provincia de Tungurahua, de donde es oriunda la familia Taboada. Los gastos exequiales los cubrió el IESS.

Guido contó que solo durante el sepelio llegó una comisión de la empresa, pues los días siguientes no tuvieron más noticias, por lo  que junto con la viuda se acercaron a las oficinas. “Nos recibieron, pero no tuvimos  respuesta”.

A un mes de la tragedia, el hermano del fallecido dijo que se sienten dolidos e indignados, ya que la empresa, hasta ahora, no ha pagado lo que corresponde.  “Cuando llegamos a las oficinas (de la empresa), un guardia nos dijo que tenía la orden de no dejarnos ingresar”. Indicó que su cuñada, pese a no tener dinero,  se ha visto en la necesidad de contratar un abogado.

“Hasta ahora no nos han indemnizado absolutamente un solo centavo”, añadió indignado Guido Taboada.

Narró las condiciones que daba la empresa para ejercer el trabajo:  no eran las más óptimas. “Mi hermano tenía un contrato y su horario de trabajo era de 07:00 a 16:30, pero le hacían trabajar en la noche. El tractor no era nuevo, era usado, no tenía el alumbrado que debe tener este vehículo para esa labor, especialmente para esas horas. Tenía solo un faro delantero amarrado con una piola verde, para el retro tenía un par de focos pequeños y donde van los focos que vienen de fábrica, estaba vacío. Además, la máquina que operaba mi hermano no tenía ni cinturón de seguridad”.

Aseguró que las autoridades del Municipio conocían de la falta de planificación por parte de la empresa, la cual tampoco tenía planes de contingencia.

Incluso indicó que en el lugar no existía la suficiente iluminación para la noche: tenían una torre con solo unos seis focos.

Por ello hizo un pedido a las autoridades para que ejerzan mejor control a este tipo de empresas. “Mi hermano me comentaba que la Policía mandaba a hacer chequeos pero a los operadores, si son titulados, si tienen su licencia, pero no sé si la maquinaria también”.

Al momento, la escombrera no está operando y se inició el proceso de suspensión del contrato con el Consorcio Troje-Oyacoto. Los Medios Públicos solicitaron entrevista con el Procurador del mismo, pero no hubo respuesta alguna. (I)

El alud y la falta de agua paralizaron a la ciudad

Fernando Vega contó que su negocio de lavado de carros, ubicado al sur,  resultó afectado por la suspensión de agua, a causa del alud en El Troje. Foto: cortesía ECTV.

Durante tres días, alrededor de 600.000 habitantes del sur y centro de Quito permanecieron sin agua a consecuencia del alud ocurrido en El Troje, el 5 de diciembre pasado.

El desabastecimiento del líquido no solo afectó a los hogares, sino el comercio, las clases en los establecimientos educativos fueron suspendidas y las actividades en entes públicos y privados se paralizaron tras la firma del Decreto Ejecutivo.

La molestia que significó a los miles de quiteños fue mayor, pues  tuvieron que volver a condiciones que no se las veía desde hace décadas: colas en las esquinas para esperar un tanquero y poder abastecerse de agua.

Así contó Clara Bonilla, dueña de un restaurante ubicado en el barrio Santa Rita (sur), quien tuvo que cerrar su negocio y asumir las pérdidas. “No había agua y la poca que venía estaba sucia. Por seguridad no podían utilizarla en los alimentos para los clientes. Perdí ese día”, dijo, al tiempo de preguntar “¿y ahora quién nos responde por ello?”.

Indicó que a la mañana siguiente se movilizó con baldes desde su casa hacia otro sector en busca de agua. Solo trabajó hasta el mediodía por la incomodidad que esto representó.

Las pérdidas para este negocio fueron por alrededor de $ 300 diarios. “La mayoría cerramos, perdimos dos días de trabajo. La señora que me ayuda también perdió”, añadió Clara.

Fernando Vega, quien trabaja en una lavadora de carros en  Solanda (sur), contó que al día lavan un promedio de 20 vehículos y que el cierre obligado de la atención debido a la falta de agua les afectó totalmente.

“De esto vivimos y comemos dos familias, es un trabajo que se gana a diario, si un día y peor dos no hay ingresos, nos perjudica bastante”.

Para Vega, dejar de producir por la falta del líquido le representó unos $ 100 diarios en pérdidas.

Incluso señaló que a pesar de que el Municipio dotó de tanqueros para ciertos sectores de la ciudad, la falta de organización también produjo una serie de problemas.  “Tuvo que actuar la Policía para  detener los repartidores porque se cruzaban y se iban para otros lados, no paraban”.

La Empresa de Agua Potable a través de la provisión de agua con tanqueros y el hecho de mover los equipos de emergencia, al mismo Municipio le costó alrededor de    $ 2 millones, a consecuencia del desabastecimiento, según fuentes de la misma Empresa citada.

El verdadero impacto económico que generó la suspensión de actividades en la ciudad no está claro. Por ello, algunos miembros del Concejo Metropolitano ya han pedido una evaluación del mismo. También critican el accionar y la capacidad de reacción del Alcalde.

Para el concejal Eddy Sánchez, la remoción del gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Emgirs), Santiago Andrade, es una medida tardía e  insuficiente. Cree que se debe cambiar a todo el equipo de trabajo, incluidos los asesores.

Por este y otros problemas que trajo el alud, los concejales pedirán un mejor manejo de estas situaciones, que responda a una política que minimice los riesgos para que no vuelvan a ocurrir, es decir, que se adopte una política de escombreras. (I)