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La regularización trae seguridad y servicios

El asentamiento Cordillera del Sur está ubicado en la parte sur de las laderas del Pichincha. Es reconocido como un barrio de Quito desde el pasado 21 de febrero. Los moradores de este sector esperan obras de parte del Municipio. Foto: Álvaro Pérez |  El
El asentamiento Cordillera del Sur está ubicado en la parte sur de las laderas del Pichincha. Es reconocido como un barrio de Quito desde el pasado 21 de febrero. Los moradores de este sector esperan obras de parte del Municipio. Foto: Álvaro Pérez | El
30 de marzo de 2014 - 00:00

Desde el 21 de febrero pasado, la tranquilidad llegó a los moradores del barrio Cordillera del Sur. Aquel día, se emitió la ordenanza municipal que regulariza dicho asentamiento humano, ubicado en el sector de Chillogallo (sur).

“Nosotros fuimos estafados por un señor que nos vendió los terrenos sin que sean de él. Cancelamos el valor de cada lote y cuando íbamos a legalizar los terrenos no existía ningún papel en el Municipio  sobre los lotes.  Desde ese día comenzó nuestro sufrimiento para lograr tener los papeles en regla y ser los legítimos dueños de nuestras casas”,  comentó Carlos Pala, presidente del barrio Cordillera del Sur.

Pala recuerda que hace 9 años, aproximadamente, adquirió su lote de terreno. “Fuimos 116 socios los estafados.  Los terrenos costaron desde los $ 4 mil, hasta casi los $ 7.500, dependiendo la extensión. Cumplimos con pagar esos valores, pero al enterarnos del lío legal de los terrenos tuvimos que pagar algunos valores extras para que el dueño original nos los venda de verdad”, relata el dirigente barrial.

El directivo cuenta que la primera medida tras la ordenanza fue enviar escritos para solicitar la instalación de servicios básicos como alcantarillado, agua potable, energía eléctrica. “Por ahora tenemos una llave de agua para algunos moradores del sector; vamos un poco más de  un mes desde la regularización del barrio, pero ya realizamos los trámites para que mejoren nuestras condiciones de vida”, dijo Pala.

Pala recuerda que fueron necesarios casi 3 años de trabajo y presión para que se legalice la situación del sector. “En la administración zonal íbamos frecuentemente para presionar que se agilice el proceso. De igual forma, en el barrio cumplíamos con lo estipulado en las leyes para que nos regularicen: límites de construcción, límites con la quebrada, respeto de las zonas ecológicas, entre otras”, señala.

Rosa Chasi, quien  vive en el mismo sector desde hace unos 6 años, afirma que, en su caso, siente un gran alivio. “La Comisaria y los guardias de las laderas del Pichincha nos visitaban y nos decían constantemente que nuestros terrenos no eran legales, que no podíamos hacer nada hasta que no tengamos las escrituras. Entonces era una incertidumbre constante de qué va a pasar con nuestros terrenos y casas”.

En la actualidad, el Municipio  entregó una escritura global a todo el barrio y en los próximos días, los propietarios de cada lote de terreno esperan contar con una escritura individual para, finalmente, ser  propietarios legales de sus predios.

José Díaz, tesorero del barrio Comité pro mejoras Atacazo (suroccidente),   destaca que en su sector, las obras del Municipio son evidentes tras la regularización. “Tenemos alcantarillado, adoquinado en la calle principal y esperamos que nos resuelvan lo del agua potable, porque hoy tenemos agua entubada”.

Díaz explica que si bien su barrio legalizó su situación antes de la actual  administración, gracias a esa condición en los pasados 5 años los moradores se han beneficiado de distintas obras. 

El directivo compara la situación de su sector con uno vecino: el asentamiento Balcón Quiteño. Y dice que aunque ambos sectores colindan, en el segundo caso, los moradores no pueden acceder a ninguna obra municipal debido a su condición de irregularidad.

Díaz explica: “(Nuestros vecinos) no tienen alcantarillado, no tienen nada, a pesar de estar   cerca de nosotros. Como nunca se organizaron, tienen problemas entre ellos y por eso las obras del Municipio no les benefician, pues no pueden arreglar su situación como barrio”.

Este criterio lo comparte Anita Loachamín, quien vive desde hace 10 años en la citada zona Balcón Quiteño. “Las peleas entre vecinos son una constante, no estamos organizados, no tenemos directiva y por esa razón no podemos hacer nada para el beneficio de todos”, asegura esta ciudadana.

Loachamín añadió sobre esta situación: “Sentimos envidia del barrio Atacazo. Hace algún tiempo les adoquinaron la calle; también casi todas las casas ya tienen alcantarillado y tienen escrituras de sus terrenos. Mientras que nosotros no podemos hacer nada de eso e incluso no nos sentimos propietarios de nuestras casas”.

Marco Espinoza, director de la Unidad Especial Regula Tu Barrio, encargada del procedimiento de formalización, destaca los beneficios del proceso: “Los propietarios obtienen sus escrituras individuales y, a partir de ese momento, son legítimos dueños de sus terrenos. Además, el Municipio interviene para brindarles servicios básicos, si es que no los tienen. En ese tema  se puede trabajar en conjunto con los habitantes de cada zona para lograr un desarrollo socio-organizativo con el fin de que los beneficios no  sean solo de infraestructura, sino también sociales”.

El barrio La Compañía de Guamaní también fue regularizado. Juana Loaiza, quien vive en el sector desde hace 2 años, afirma al respecto: “El sector no tenía nada al principio. Estábamos en condiciones lamentables, pero desde que se legalizó el barrio, tenemos una tranquilidad enorme. El sacrificio de realizar el papeleo valió la pena. Es algo que no nos quita nadie, porque después de años tenemos el permiso para decir este terreno o esta  casa es nuestra”.

Loaiza enfatiza que un factor importante para que un barrio se consolide y reciba la condición de legal es que sus moradores se organicen y busquen el mismo objetivo, enfocados en mejorar sus condiciones de vida y que el desarrollo sea progresivo”.

Atucucho, zona ubicada en la parte alta noroccidental de la ciudad, el panorama es similar.
 Allí, según registros municipales, el 4 de mayo de 2013 se entregaron 480 escrituras; el 15 de diciembre pasado, 220 más y hace aproximadamente 2 meses,  182 títulos de propiedad adicionales.

El presidente del barrio, Manuel Tituaña, comentó hace poco a EL TELÉGRAFO que están en trámite 650 escrituras más y que esperan que en 2015, las 2.142 familias de esa zona tengan seguridad jurídica sobre sus tierras.

Tituaña dice que en ese contexto se puede hablar de  un antes y un después: “Las condiciones de vida han mejorado. Tenemos la inversión en obra pública y vial y se solucionaron temas de convivencia (peleas entre familias por los linderos). También firmamos un convenio con el Consejo Provincial para adoquinar unas calles y se implementó un recorrido más de buses”, asegura.

Los habitantes de ese barrio viven una situación de este tipo luego de 25 años de su creación a través de un proceso de invasión de tierras.

Algo similar ocurre en las zonas aledañas al Camal Metropolitano.
 Dos décadas atrás, los moradores de esa zona no contaban con servicios básicos, no había  calles y peor  transporte. Por ello se debía subir caminando desde la parte  baja.

Muchas de las obras se obtuvieron en los últimos 3 años, luego de la legalización de unos 41 barrios y siempre con el apoyo de los moradores que participaron en mingas, indica Francisco Chicaiza, dirigente de la Coordinadora de los 44 Barrios del Camal Metropolitano.

La legalización se volvió una realidad gracias a  3 factores: la organización de los vecinos, la decisión municipal  y la vigencia del Código Orgánico de Organización Territorial y Descentralización (Cootad).
Hoy, los moradores  ya tienen escrituras y están en proceso de regularizar sus construcciones.

Requisitos básicos

El principal requisito para que un barrio sea considerado para la regularización es que sea un asentamiento de hecho y consolidado. Esto quiere decir que más del 35% del sector debe tener construcciones y que, además, no  esté ubicado en zonas consideradas de riesgo o reservas ecológicas.

Para ello, la directiva del barrio debe ingresar la solicitud a la Unidad Especial para que se analice la situación del barrio. Tras ello, en mesas temáticas se debate la situación de  la zona, el estado legal de los terrenos y tras varios análisis se emiten informes a la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial, cuyos miembros  emiten un informe, que  si es favorable se debate en el seno del Concejo municipal. Finalmente, se ejecuta la legalización a través de una ordenanza.

En algunos casos,  la Unidad Regula tu Barrio también se encarga de realizar los procesos de expropiación especial, que consisten en  procesos  judiciales en los asentamientos donde la gente fue estafada por lotizadores inescrupulosos o traficantes de tierras. De esa manera se busca que los posesionarios  le paguen al dueño real de las tierras los valores correspondientes por los lotes y, a su vez, quienes fueron engañados realicen los trámites para que se conviertan en los propietarios legales de los predios.

Tras la formalización de un barrio, el Municipio continúa con los trámites necesarios para la entrega de las escrituras individuales a cada uno de los posesionarios, con esto las administraciones zonales realizan los trabajos de dotación de los servicios básicos. Espinoza enfatiza que, hasta el momento, se han entregado 2.600 escrituras individuales sin  costo alguno para los propietarios, exceptuando los pagos administrativos correspondientes.

Actualmente, el programa Regula tu barrio invierte 1,4 millones de dólares anuales en procesos regulatorios y en  controles permanentes con el fin de que no aparezcan nuevos asentamientos ilegales.

Para la nueva administración quedará pendiente el tema del análisis de la situación de 238 barrios y según Espinoza, se podrían legalizar únicamente 120. Esto porque el resto se ubica en zonas de riesgo y no cumple con los parámetros establecidos para la legalización.

El miércoles pasado durante la entrega de la obra de alcantarillado para algunos sectores de Llano Chico, el alcalde saliente Augusto Barrer afirmó que deja una ciudad con una planificación clara, obras financiadas y empresas absolutamente solventes y de calidad.

El Burgomaestre mencionó, también, que Quito contaba con grandes asentamientos como Quitumbe (sur) y Calderón (norte) en los que no existía un concepto de desarrollo y que carecían de hospitales, escuelas y servicios básicos.

En ese contexto, recordó que en la presente administración se han regularizado cerca de 100 barrios en esos sectores y  que, en pocos meses más,  se inaugurará el hospital docente en el sector de  Calderón, además de que se ha realizado una importante intervención vial y  se construyó la Unidad Educativa más grande y moderna del país justamente en esa zona.

Al respecto, Espinoza afirma que, de hecho,  uno de los objetivos del actual Alcalde fue el de acabar   con el tráfico de tierras, la manipulación y el chantaje a las familias debido a problemas de tenencia de tierra, escrituras y  problemas similares.

Así, mediante la resolución 010 del 19 de marzo de 2010 se creó la citada Unidad Especial Regula Tu Barrio. Dicha entidad procesa, canaliza y resuelve los procedimientos de regularización de la ocupación informal del suelo, en procura de agilitar la emisión de informes y demás trámites pertinentes para la legalización de barrios, dentro del marco de planificación y el ordenamiento de la ciudad.

Hasta antes de 2009, la entidad encargada de la legalización de barrios era la Secretaría de Coordinación Territorial. De 2001 a 2009 se regularizaron 175 asentamientos humanos de hecho y consolidados, “es un proceso largo, que necesita bastante esfuerzo de parte y parte para que avance. En la actualidad, contamos con un equipo técnico integral que permite que este proceso avance más ágilmente”, destaca el funcionario municipal.

El director de la unidad detalla que tras un análisis de la situación de las zonas y las familias que viven en estos sectores se determinó que los principales problemas se refieren a la  escrituración global; escrituras individuales; posesión efectiva de los predios; derechos y acciones; litigios de los comités pro mejoras; planos desactualizados de los barrios; asentamientos de lotizaciones en zonas de riesgo y áreas de protección ecológica.

Además, el funcionario destaca que por la ilegalidad de estos asentamientos, el Municipio  no podía realizar obras ni ofrecerles servicios básicos. Situación que ha cambiado para  los regularizados.

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