La ordenanza sobre economía popular en Quito espera debate

Una reforma a la ordenanza que regula la participación de la economía popular y solidaria en las contrataciones del Municipio de Quito está lista desde el 15 de marzo pasado.

El proyecto debió incluirse para primer debate del Concejo hasta el 15 de abril, según la normativa parlamentaria municipal.

Sin embargo, dos meses pasaron de cumplido aquel plazo y el alcalde Mauricio Rodas aún no incluye la propuesta.

Carlos Páez (foto), edil de Alianza PAIS e impulsor del proyecto de reforma, explica que el objetivo es ayudar a que más actores de la economía popular y solidaria (EPS) se conviertan en proveedores de bienes y servicios para el Cabildo.

La idea nace de la constatación de que en 2015 la EPS había constituido apenas el 1,2% de las contrataciones realizadas por el gobierno local y sus dependencias.

Esto contradice la disposición de la normativa original respecto a que el porcentaje debe alcanzar el 5% de todo el presupuesto.

Para incentivar el alcance de esa meta la reforma plantea medidas.

Una de ellas es la obligación de todas las entidades municipales para la entrega de información, a fin de que se pueda ejercer un control de cumplimiento.

Otra medida es la obligación de establecer una planificación anual de adquisiciones que permita a los pequeños emprendedores participar en los concursos.

También se prioriza el pago de facturas a favor de los pequeños productores, su capacitación y facilitación de acceso a créditos. (I)