La falacia del francotirador
Cuentan que un recluta abrió fuego aleatorio contra un cobertizo y luego dibujó varias dianas con centro en cada uno de los huecos perforados en la pared. Toda la tropa celebró su puntería y el mismo mando militar felicitó el buen ojo y el pulso firme del soldado.
La falacia del francotirador se produce cuando información sin relación alguna es manipulada y presentada para atribuirle el sentido que interesa a un fin. Que «Los más pobres de Quito pagan tanto impuesto predial como los ricos» es una afirmación tan falsa como la puntería de aquel recluta. Rodas inventa un relato imposible sirviéndose, como hiciera el pretendido francotirador, de una maliciosa manipulación de las evidencias.
La tarifa del impuesto predial aprobada durante el mandato del alcalde Augusto Barrera es la más progresiva de cuantas conoce el derecho comparado. No es perfecta: su estructura produce un fenómeno que la doctrina denomina «error de salto», y que supone que el incremento del impuesto a pagar crece a un ritmo mayor de lo que lo hace la base imponible. Es este un problema de diseño que castiga más cuanto mayor valor tiene el predio, y que para el caso del DM de Quito ocasiona un efecto que podemos calificar «ultraprogresivo»: los más ricos pagan muchísimo más que los pobres.
Que una tarifa con semejante grado de progresividad produzca la insólita distribución impositiva denunciada por el alcalde Rodas («en 2013, los 4 segmento más pobres aportaron 10 millones de dólares —el 20% de la recaudación del impuesto predial— tanto como los 4 segmentos más ricos») desdice de las leyes matemáticas, pero el regidor municipal creyó poder desafiarlas con una burda capa de maquillaje. Basta un breve recorrido estadístico para desmontar su dictamen de inequidad.
El gráfico que emplea Rodas en sus intervenciones usa los rangos de la tabla prevista en el artículo 5 de la Ordenanza 153 del Concejo Metropolitano para representar el volumen de recaudación por cada uno de los “segmentos” o rangos de avalúos, pero oculta que esos rangos no son homogéneos —porque no cuentan con igual número de predios—, y que la concentración predial es fuertemente decreciente. Bastaba añadir un eje secundario, un elemental ejercicio de honestidad estadística, para visualizar el grado de concentración predial por rangos.
Así las cosas, lo que el alcalde llama «segmentos poblacionales más pobres» significan, nada menos, que el 86% de los predios del censo catastral: aquellos que se sitúan en los rangos 1 a 4, y que pagan 17 dólares de promedio. Por su parte, en los rangos 13 a 16, los «segmentos poblacionales más ricos», se sitúan el 0,34% de los predios, que contribuyen con un impuesto promedio de 4.307 dólares. El alcalde se permitió el lujo de calificar de «distorsión injusta» esta distribución óptima —en términos de equidad—, y lo hace hurtando la información que permite ponerla en contexto.
Pero esto no fue lo único que ocultó. Aún hay más.
Los dos grupos seleccionados por el alcalde acumulan aproximadamente, y según sus propias palabras, el 40% de la recaudación. Entenderíamos, por tanto, que los segmentos centrales de su gráfico que van del 5 al 12 tendrían que aportar el 60% restante. Sin embargo este grupo apenas contribuye con la mitad de ese 60%... ¿Qué ha ocurrido con los millones de dólares que faltan?
Ha ocurrido que también nos ha burlado un segmento: el superior; el que refleja la recaudación de predios con avalúo superior a $ 5 millones. Un segmento que interfería su parodia estadística, y que decidió eliminar porque su inclusión radicaliza la equidad del impuesto predial del alcalde Barrera.
Si recuperamos el «segmento perdido» (gráfico 3), resulta que los predios con avalúos superiores a 5 millones de dólares concentran un pago superior a 11 millones. En términos porcentuales esto significa que el 22,8% de la recaudación de todo el impuesto lo pagan el 0,03% de los propietarios más acaudalados del censo catastral, como corresponde al criterio de equidad (quien más tiene, más paga). O dicho de otro modo: los 634.000 predios que se sitúan en los segmentos 1 a 4 y que tienen un avalúo inferior a 120.000 dólares pagan en su conjunto un impuesto próximo al de los 2.500 predios que se sitúan en los segmentos 13 a 16, con avalúos que oscilan entre 1 y 5 millones, y tanto como los 250 predios más suntuosos de Quito (segmento 17).
Para concluir, podría ser clarificador utilizar otro criterio de distribución de la recaudación de 2013. Si formamos deciles de avalúos (10 segmentos con igual número de predios, ordenados de menor a mayor valor) la verdad estadística salta a la vista: el 10% de predios de mayor valor (con un valor catastral promedio de $ 364.374) pagan casi 40 millones de dólares, el 74,8% de todo el impuesto predial del DM de Quito.
Incurre en la falacia del francotirador (y atenta contra el derecho a la información veraz y transparente) quien mutila gráficos y estadísticas para respaldar conclusiones sesgadas. Ello sin contar que esas conclusiones eran un verdadero disparate lógico porque una tarifa progresiva no puede producir efectos regresivos.
No permitamos que ejercicios de suma creatividad estadística nos hagan descreer de la inexorable gravidez del principio de progresividad.
